SOLCOM recurre la orden que regula la asistencia personal en Cataluña

La normativa catalana promueve el internamiento en instituciones y discrimina a los menores de 16 años, a los mayores de 64 y a las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica

La Asociación SOLCOM para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social ha presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la orden ASC/471/2010 de la Generalitat que regula la asistencia personal en Cataluña “por ser contraria a los derechos fundamentales de las personas”

La citada normativa vulnera, entre otros, el derecho a la libre elección de lugar de residencia, a la libre circulación por todo el territorio, a la igualdad, al trabajo, a la educación y a la intimidad personal y familiar. Dada la gravedad de este atentado contra los derechos humanos de las personas con diversidad funcional y la situación de extrema vulnerabilidad e indefensión a la que miles de personas pueden verse abocadas, SOLCOM ha decido recurrir a los tribunales por la vía más ágil dentro de los procesos contencioso-administrativos y anuncia que solicitará la suspensión cautelar de la orden hasta que haya sentencia.

La norma recurrida discrimina a los menores de 16 años y a los mayores de 64, así como a las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica, impidiéndoles el acceso a la asistencia personal, único recurso que les permitiría desarrollar las actividades cotidianas en el seno de su comunidad. Además, se imposibilita la igualdad de oportunidades de quienes elijan hacer vida independiente con el apoyo de la asistencia personal, al empobrecerles imponiendo fórmulas de copago y de reducción de las prestaciones que no tienen en cuenta ni el agravio económico comparativo que soportan las personas con diversidad funcional ni el hecho de que la asistencia personal no es un recurso substitutorio de “gastos hoteleros” (alojamiento, comida, etc)

SOLCOM denuncia que la regulación de la Generalitat promueve el internamiento de las personas con diversidad funcional en instituciones, al establecer un tope de 1.300 €/mes para contratar asistencia personal cuando, según la memoria económica de la Cartera de Servicios 2010-11, el presupuesto ejecutado en 2008 fue de 3.200 €/mes por cada plaza residencial para personas con diversidad física y más de 3.600 €/mes en en casos de diversidad intelectual. No se trata de un problema de insuficiencia financiera, sino de orientación de la inversión hacia modelos respetuosos con lo establecido en la Convención de derechos de las personas con discapacidad, la Constitución, el Estatuto, la Ley de Autonomia Personal y la Ley de Servicios Sociales como garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional.

Versió en català (doc 13,5 kb)