3 de mayo, ¿¿¿qué celebramos???

El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros acordó establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. El objetivo, según la propuesta, era conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar la discapacidad.

A día de hoy, desde Solcom, no podemos dejar de preguntarnos qué es lo que supuestamente tenemos que celebrar: ¿Que España firme un tratado que no cumple? ¿Que nuestro país siga discriminando a las personas con diversidad funcional avalado por normativa de rango inferior a la Convención? ¿Que nuestro país siga destinando cientos de miles de euros a construcción de centros específicos y residencias donde “aparcar” a las personas con diversidad funcional? ¿Que sigan sin garantizarse mismos derechos a los ciudadanos con diversidad funcional? ¿Que los niños con diversidad funcional sean “maltratados” por un sistema educativo que no les responde? ¿Que la asistencia personal siga siendo un lujo y no un derecho? ¿Que nuestro país siga incumpliendo las normativas y fechas de accesibilidad universal?…. La lista podría no tener fin.

No queremos celebraciones, queremos hechos y derechos.

El pasado mes de marzo, una delegación del Estado Español, defendía ante Naciones Unidas el cumplimiento de la Convención en nuestro país, ante las preguntas de los diferentes Comisarios, escuchamos cosas como estas:


1.- Que los tratados internacionales tienen el mismo valor que la legislación nacional. Que el art. 10 de nuestra Constitución, establece “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.


Sin embargo, hay leyes relativas a derechos que, en su desarrollo y aplicación, no han sido convenientemente adaptadas al tratado firmado. Y amparadas en esas normativas las instituciones siguen negando igualdad de derechos a los “dis-ciudadanos”.


2.- Que existe una modificación del código penal en materia de delitos de odio, en la que se añadió agravante cuando concurran motivos de discapacidad, se tipificaron mas extensamente los delitos de odio, discriminación, violencia, etc. por discapacidad, se criminaliza el fomento, la humillación y el menosprecio contra personas con discapacidad y se agravan penas de delitos de odio por internet y posibilidad por jueces de bloquear contenido en redes sociales.


Sin embargo, vemos cada día el odio y la discriminación a la que son sometidas las personas don diversidad funcional, en contenidos humillantes en las redes sociales, que en algunos casos se defienden con argumentos aún más humillantes como la defensa de la libertad de expresión, que parece que sólo existiera para aquellos que difaman y discriminan, o con situaciones vejatorias y limitantes con la negación de acceso a espacios públicos.


3.-Que la asistencia personal es un derecho, en tanto en cuanto se incluye en el catálogo de prestaciones del sistema, y que se está avanzando sobre la formación profesional de los asistentes personales.


Cuando se darán cuenta que el derecho a la asistencia personal, no puede estar “teledirigido” desde la administración, que es un derecho mucho más amplio y diverso, que lo que el Estado quiere “encasillar y etiquetar”.


4.- Que el tratamiento de datos referidos a salud está altamente protegido. Y su utilización está regulada en código penal, así como tipificados y establecidas penas sobre todo en datos de menores o personas con discapacidad.


Sin embargo, vemos a diario como los informes psicopedagógicos, que sirven de llave para abrir la puerta de la segregación a los niños con diversidad funcional, utilizan “impunemente” los datos de estos.


5.- Por ultimo, el Estado español, tuvo que hacer frente a multitud de preguntas sobre educación. Muchos fueron los comisarios que quisieron saber que estaba pasando en España después que el Comité publicase el pasado año un informe sobre la peligrosa situación vivida por los niños con diversidad funcional, en nuestro país.


El Estado Español, reiteró datos de avances relevantes, reconoció que es preciso acelerar el proceso hacia una educación inclusiva, y establecer una normativa nueva que impulse este proceso en todo el estado y prevenir posibles desigualdades territoriales. Esta Reforma educativa, se materializaría en el proyecto de ley orgánica aprobada por consejo de ministros el 15 de febrero, donde se establece la educación inclusiva como un derecho, y en su disposición adicional cuarta, se establece el compromiso de dotar los centros ordinarios, para cumplir con este nuevo sistema en 10 años.

Después de todo esto, ¿¿¿qué celebramos hoy???

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