Comentarios al Borrador de Proyecto de Decreto por el que se regula al atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Análisis del proyecto de borrador de decreto que regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de Galicia 2011.

Bajo la perspectiva de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad/diversidad.

Elaborado, por el profesor Don Ignacio Campoy Cervera (Universidad Carlos III), Don Gerardo Echeita Sarrionandia (Universidad Autónoma de Madrid) en colaboración con la asociación Solcom.

Ignacio Campoy Cervera y Gerardo Echeita Sarrionandía, tras analizar el Borrador de Proyecto de Decreto, señalamos tres aspectos importantes en los que se opone a lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad:

1º. Se perpetúa el sistema de una educación segregada, al establecerse la existencia de centros de educación especial

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva.

En consecuencia, los centros de educación especial deben ser abandonados como Centros docentes. Toda la educación ha de hacerse en el sistema general de educación.

Hay que eliminar, por consiguiente, la referencia en el Preámbulo a que se pueda realizar la escolarización en los centros de educación especial.

Hay que modificar el artículo 4.5 y su correspondencia con el artículo 9. En el sentido de que se ha de establecer que la respuesta educativa a la diversidad siempre ha de ser conforme a las medidas de carácter ordinario y normalizador. Las señaladas como medidas extraordinarias pueden entenderse dentro de las ordinarias, no es más que adecuar las medidas a las diversidades que se trate. Y, en todo caso, se ha de eliminar la posibilidad de realizar cambios de modalidades de escolarización que impliquen sacar al niño del sistema general de escolarización.

Hay que revisar todo el contenido del Capítulo III para eliminar tanto la posibilidad de que la escolarización se realice en centros de educación especial como la de que se realice de manera combinada entre centros ordinarios y centros de educación especial. A este respecto, habrá que aclarar lo que se pretende establecer en el artículo 16.1 al señalar que las unidades de educación especial en los centros ordinarios tendrán la consideración de centros de educación especial. En todo caso, hay que rechazar la posibilidad que contempla el artículo 19.2 de que pueda darse una educación especial en esas unidades a tiempo completo. Por otra parte, también deben de eliminarse todas las referencias (así en artículos 18 y 20) a que pueda haber necesidades que no pueden atenderse en los centros ordinarios -porque puedan considerarse no generalizables, porque no haya recursos para ello o por cualquier otra excusa que pretenda alegarse. La educación en centros de educación especial no permite el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional del niño, por lo que su mantenimiento iría en contra del artículo 29.1 de al CDN, el artículo 27.2 CE, el artículo 24.1 CDPD y el artículo 2.1 LOE, por lo que la redacción del artículo 20.5 del proyecto de Decreto (“Os centros adaptarán ás características do alumnado, coa finalidade de que acade o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, o currículo establecido con carácter xeral para as distintas etapas educativas), implicaría un mandato imposible, siendo incongruente con la citada normativa nacional e internacional.

Hay que reconvertir, pues, los actuales Centros de Educación Especial. En este sentido, puede resultar muy útil lo que establece el artículo 20.9 del Borrador de Proyecto de Decreto:

os centros de educación especial poderán constituírse como centros de recursos específicos, poñendo a disposición dos centros ordinarios os materiais e recursos de que dispoñen, centralizando os recursos máis especializados e exercendo os labores de asesoramento e atención ambulatoria que se determinen. Igualmente, fomentarán o intercambio de experiencias e a difusión de boas prácticas docentes.

2º Hay una completa exclusión de la participación del niño, con o sin discapacidad, en todo el proceso educativo

El artículo 7.3 de la CDPD establece que:

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

Es obligatorio, pues -también conforme al mandato del artículo 12 CDN-, establecer los adecuados cauces de participación efectiva a los niños, con y sin diversidad -atendiendo a su voluntad y deseos conforme a un pertinente sistema de apoyos-, en todas las tomas de decisiones que se realicen en su proceso educativo. En esta línea, se atenderá más a la directa participación del niño cuanto más directamente le afecte la medida educativa que se vaya a tomar.

Por consiguiente, hay que modificar todo el articulado del Borrador de Proyecto de Decreto para dar cabida a dicha participación del niño, con o sin diversidad, en todo el proceso de educación. Así, sólo como ejemplo, en las medidas referidas en el artículo 35.1 o en el artículo 41.4,

3º Se desconoce el alcance del artículo 12 de la CDPD

El artículo 12 de la CDPD establece, en sus primeros cuatro apartados, que:

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”.

El sentido de este artículo obliga a que se sustituya el sistema de sustitución de la voluntad de la persona (niño) con discapacidad –propio del modelo médico de la discapacidad- por el sistema de apoyos en el ejercicio de los derechos conforme a la voluntad de la persona (niño) con discapacidad. Esto implica -además de asegurar la debida participación del niño a la que aludía en el anterior punto-, la desaparición de la figura de la tutela y del procedimiento de incapacitación legal.

En este sentido, hay muchos artículos del Proyecto de Decreto que se refieren a la figura de la tutela que habrá que modificar, pero más en concreto habrá que atender a ese cambio conforme a lo que se establece en la Disposición adicional primera del Proyecto de Decreto, que establece que

O establecido para as nais, pais ou titores legais do alumnado enténdese referido ao alumnado menor de idade ou ao legalmente incapacitado, sendo referidas ao propio alumnado cando sexa maior de idade e non estea legalmente incapacitado.

Además de estos tres puntos principales, el Proyecto de Decreto puede ser mejorado atendiendo a otros aspectos que se tratan o deberían de tratarse, como, por ejemplo, el poder establecer un sistema de reconocimiento de la calidad de los centros docentes (públicos, concertados o privados) conforme a su atención a la diversidad, así como, en su caso, las correspondientes sanciones administrativas. En este sentido, cabe también entender que los centros privados concertados y no concertados han de quedar obligados –sobre todo los primeros- por las obligaciones que implica la adecuada atención a la diversidad, lo que puede implicar la revisión de lo que se establece en la Disposición adicional segunda de que:

O disposto neste decreto será aplicable aos centros privados concertados e non concertados en todos aqueles aspectos que non contraveñan o establecido na súa lexislación específica e os límites fixados nela.

Ignacio Campoy Cervera

Profesor Titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Nacido en Madrid el 1 de septiembre de 1967, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (Junio 1991) y Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (Sobresaliente cum laude por unanimidad, 7 de mayo de 2001, obteniendo posteriormente el Premio Extraordinario de Doctorado: Programa en Derecho: Programa de derechos fundamentales el 21 de febrero de 2003).

Ha sido Responsable de la Cátedra “Norberto Bobbio” de Igualdad y No Discriminación, perteneciente al Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid (desde su fundación en febrero de 2004 hasta abril de 2010) y desde octubre de 2005 es Responsable del Área de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Imparte docencia de Grado y Postgrado en Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho, Teoría e Historia de los Derechos Fundamentales, Concepto y Fundamento de los Derechos Humanos y Filosofía Política, en la Universidad Carlos III de Madrid y, como profesor invitado, en otras Universidades nacionales y extranjeras.

Sus principales líneas de investigación han versado sobre los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, la Filosofía Política, la Igualdad y la No Discriminación y la Filosofía del Derecho. En la actualidad su investigación se centra en los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad y las relaciones entre el los fascismos, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

Gerardo Echeita Sarrionandía

Profesor titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación en las Facultades de Psicología y de la de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en el análisis evaluación desarrollo de políticas y prácticas educativas inclusivas. Desempeñando desde hace mas de 30 años ininterrumpidamente desde altas responsabilidades en materia de asesoramiento y coordinación de equipos técnicos del Ministerio de Educación parta el desarrollo de políticas generales de atención a la diversidad del alumnado y de la “ educación especial “. Hasta puesto de orientación psicopedagógica en centros docentes sostenidos con fondos pulidos Ha sido consultor de la UNESCO para el Proyecto “Necesidades Especiales en el Aula”. Así como también de otras organizaciones como Unicef.

Consultor del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA) y como tal participo en proyectos de evaluación y asesoramiento educativo a centros escolares. Ha publicado más de 100 trabajos técnicos y de divulgación sobre el tema, entre libros artículos, etc., ha participado dirigido numerosos proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales.

Ha sido Jefe del Departamento de Orientación en un Instituto de Educación Secundaria de Madrid y Asesor de Formación en un Centro de Apoyo al Profesorado también de la Comunidad de Madrid. Formó parte del panel de expertos que asesoró a la OCDE/CERI en el Proyecto “Active life for disable youth” y participó en la preparación de los informes del proyecto y en las actividades de difusión del mismo realizadas en Holanda y Estados Unidos.

Actualmente es miembro del Instituto de Integración en la Comunidad ( Inico ) con sede en la Universidad de Salamanca, único Instituto Universitario de Investigación en España dedicado la temática de las personas con discapacidad.

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