Comentario del Grupo de Ética de Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) sobre el proyecto de reforma del código penal en materia de medidas de seguridad

De aprobarse esta reforma supondría un retroceso a etapas que ya creíamos superadas, máxime tras la aprobación de la Convención de la ONU de 2006 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Grupo de “Ética y Legislación”

Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)

  • Alicia Roig Salas. Psiquiatra (Barcelona)
  • Ana Moreno. Psiquiatra (Alcalá de Henares)
  • Onésimo González Álvarez. Psiquiatra (Huelva)
  • María Eugenia Díez Fernández. Psicóloga Clínica (Asturias)
  • Mariano Hernández Monsalve. Psiquiatra (Madrid)
  • José Leal Rubio. Psicólogo Clínico (Barcelona)
  • Fernando Santos Urbaneja. Jurista (Córdoba)

Noviembre 2013


Introducción

El pasado mes de Marzo se elaboró y publicó el informe de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) sobre el texto del “Anteproyecto” de modificación del Código Penal.

En dicho informe se hacía una crítica muy severa al conjunto del articulado propuesto en materia de “Medidas de Seguridad”, aplicable a personas con trastorno mental o discapacidad intelectual.

Es preciso reconocer que el Proyecto que ahora vamos a analizar, elimina alguno de los aspectos más negativos que contenía el Anteproyecto, como la medida de “custodia de seguridad” y somete a mayores garantías de contradicción decisiones tan trascendentes y, en nuestra opinión, discriminatorias, como la posibilidad de prorrogar el internamiento por periodos sucesivos de cinco años (Art. 98-3 II)

Pero, más allá de esto, el Proyecto mantiene la misma concepción discriminatoria y excluyente en relación con las personas con trastorno mental o discapacidad intelectual.

El Proyecto de Reforma del Código Penal forma parte de un conjunto de medidas legislativas destinadas a la sustitución apresurada de nuestro precario estado de bienestar por un “estado caritativo” que culminará en un “estado penal”, proceso en el que las políticas sociales están siendo progresivamente sustituidas por políticas de vigilancia y control, que incluye la “contención punitiva” de las categorías sociales más desfavorecidas.

Resulta muy grave la mutación de un “derecho penal del hecho” en “derecho penal de autor”. La peligrosidad no es un concepto clínico ni psicopatológico. No hay fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona.

El derecho penal del hecho exige contextualizar las conductas, analizar el hecho delictivo en sus circunstancias y extraer de tal análisis los motivos y las eventuales consecuencias.

El derecho penal de autor permite descontextualizar las conductas, vinculándolas a las características personales del sujeto. El trastorno mental vuelve desde el campo sanitario al jurídico-penal, ya que, antes que enfermedad, es vuelto a considerar peligro ó amenaza.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies