Como actuamos
En casos colectivos, SOLCOM puede actuar como demandante, por ejemplo, recurriendo un plan urbanístico si se ignora la normativa de accesibilidad, o un Real Decreto que vulnere la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Orientación y asesoramiento jurídico previo, y defensa ante los tribunales, si procede y en función de las disponibilidades presupuestarias y relevancia del caso, previo estudio del mismo por la entidad.
- Organizar grupos y redes de apoyo jurídico y multidisciplinares.
- Formalizar peticiones, quejas, reclamaciones, recursos, demandas, denuncias, querellas o cualquier otra acción jurídica ante cualquier organismo, entidad, administración, juzgado, tribunal o corte, fuese de ámbito internacional, europeo, español, autonómico o local.
- Realizar estudios y proyectos en los campos jurídico, económico, social, asistencial, sanitario o en cualquier otra disciplina que resulte idónea de conformidad con los fines asociativos.
- Consejo Asesor: Grupo de personas vinculadas con el mundo del derecho y su ejercicio profesional que serán quienes estudien los expedientes de denuncia, valoren las posibilidades y emitan un primer dictamen.
- Consejo Jurídico Superior: Grupo de juristas de reconocida valía, independientes y ya retirados de su actividad profesional, a quien consultar expedientes de especial transcendencia o dudas jurídico-legales.
También puedes unirte a SOLCOM como socio, colaborador, profesional voluntario, donante, …
Denuncias
Si quieres denunciar un caso de discriminación tienes que ir recopilando documentos, grabaciones, imágenes u otros que puedan ayudar a presentar y defender posteriormente la reclamación o recurso administrativo, demanda, querella o recurso ante un juzgado.
Si procede, y previo consentimiento de la persona interesada se denunciará el hecho en los medios de comunicación.
SOLCOM se financia únicamente a través de las cuotas de sus socios, renunciando estatutariamente a la solicitud y percepción de subvenciones procedentes de las administraciones públicas.
Abogados, bufetes y entidades colaboradoras
