Solcom trae a León a expertos en inclusión a una jornada en el Procurador del Común.

Es kafkiano que se acuse de abandono de familia a los padres de Rubén —niño leonés con síndrome de Down que está sin escolarizar desde el 2011— cuando están luchando por el derecho de su hijo, que además fue expulsado del centro ordinario donde estaba escolarizado desde pequeño, afirmó Ignacio Campoy, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Campoy participó en la mesa redonda sobre el derecho a la educación inclusiva y su aplicación práctica organizada por la asociación Solcom en colaboración con el Procurador del Común. El autor del estudio de Unicef sobre la situación de los niños y niñas con discapacidad recalcó que España no ha adaptado de forma plena la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En el caso concreto de la educación inclusiva, subrayó, el Gobierno estableció una excepción que, en la práctica, supone una puerta abierta a que, sobre todo, los niños y niñas con discapacidad intelectual sean derivados a centros de educación especial.

No corren buenos tiempos para la educación inclusiva. Más que un estancamiento, vivimos un retroceso, afirmó Gerardo Echeita, profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid. En un país de tradición segregacionista, valoró, se avanzó en los primeros años de la Logse. Los recortes han sido definitivos y se han aliado con quienes defienden posturas más conservadoras, no sólo en la educación sino también en la judicatura.

Con todo, el avance es imparable, agregaron los expertos, sobre todo porque ha habido un cambio importante: las personas afectadas han tomado conciencia y luchan como en el caso de Rubén y las personas que acuden a Solcom en busca de ayuda. Más del 80% de las personas que acuden a esta asociación lo hacen por temas educativos.

El Procurador del Común, Javier Amoedo, reconoció que la escuela inclusiva es una asignatura pendiente en la Comunidad, donde ha tramitado quejas con informes favorables que la Junta no ha tenido en cuenta. Valoró positivamente el encuentro como un foro para avanzar en este terreno. Por su parte, Mar Álvarez, de la junta de Solcom, recalcó que la educación inclusiva es un derecho humano universal e inalienable.

La segregación escolar en centros especiales se disparó a partir de 2011

El psicólogo Miguel Ángel González Castañón sostiene que hay motivos ideológicos contra la inclusión educativa.

La segregación escolar de niños y niñas con discapacidad en centros de educación especial se ha disparado en Castilla y León desde el curso 2011-12, según un estudio elaborado por el psicólogo experto en educación inclusiva Miguel Ángel González Castañón. Ha habido un subidón terrorífico, afirma.

Dicho curso derivaron a centros específicos un total de 81 niñas y niños en edad escolar obligatoria, cuando el anterior sólo hubo cinco casos y en los precedentes se produjo un descenso respecto a los 1.158 escolares en centros específicos en 2002-2003. Los cursos posteriores a 2011-2012 se mantienen cifras significativas de segregación escolar en dichos centros con dictámenes emitidos por los equipos de orientación psicopedágogica de la Consejería de Educación. En 2012-2013 fueron 32 casos y en 2013-2014, un total de 19.

Miguel Ángel G. Castáñón

Este aumento de la población escolar en centros especiales no se corresponde con un incremento de la matrícula proporcional, alega Castañón. A su juicio, la inclusión educativa depende más de la ideología de los orientadores que del raciocinio.

Castañón acusa a los orientadores de vulnerar los códigos deontológicos, los derechos de las personas con discapacidad de la Convención Europea, asumida por España en 2008, y la Ley de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, de 2013. La convención reconoce el derecho a la escolarización en centros ordinarios de las personas con discapacidad y el artículo 18 de la ley autonómica prohíbe matricular en centros especiales sin el acuerdo de padres y madres.

La educación inclusiva no es un problema tanto de recursos como de ideología, como hemos visto a lo largo de la historia a los diferentes primero se les recluyó y poco a poco, como los negros y las mujeres, han ido consiguiendo ejercer derechos, recalca.

El 20 por ciento del alumnado está privado del derecho a la escuela inclusiva

La educación inclusiva es un derecho real que no se lleva a cabo en la práctica pues el 20% del alumnado queda excluido del sistema educativo ordinario, asegura María del Mar Álvarez, vocal de la junta directiva de Solcom.

La asociación organizó el pasado 15 de enero una mesa redonda en colaboración con el Procurador del Común para abordar lo que consideran un déficit democrático real. El consenso legal y jurídico que existe sobre el derecho a la educación inclusiva, reconocido desde convenciones internacionales a leyes de ámbito autonómico, no se ve reflejado en la práctica y se conculca con ideas y en ocasiones con actitudes y prácticas de discriminación sobre todo en el caso de personas con discapacidad intelectual, precisa el abogado de la asociación Juan Rodríguez Zapatero.

Una de estas prácticas discriminatorias, alega, es que en los informes que se hacen para evaluar a las personas con diversidad funcional se basan en rasgos de discapacidad para acentuar esas circunstancias y emitir dictámenes claramente segregadores, remitiendo a esos menores a centros de educación especial.

También reprocha la falta de participación de madres y padres de manera efectiva en este proceso, pues únicamente se les da conocimiento del dictámen de escolarización a modo de sentencia. Sólo pueden decir si están conformes o no.

En Castilla y León, subraya Zapatero, hay dos casos sin resolver, el de Rubén, con síndrome de Down en León, y el de Daniel, con autismo, en Palencia. Se está vulnerando la ley de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León que en su artículo 18 dice que no se puede imponer un centro de educación especial en contra de la voluntad de los padres.

La cruz de la educación inclusiva también tiene su cara. El letrado se congratula de sentencias recientes que abren una brecha en su favor. Solcom ha ganado en primera instancia el caso de un niño de Barcelona al que la administración educativa envió a un centro de educación especial basándose en un informe técnico. Por el contrario, el juez tuvo en cuenta los testimonios del entorno escolar de Gerard sobre su buena marcha en el centro ordinario con los apoyos que recibía. Asimismo, el Tribunal Supremo ha condenado a Aragón en el caso de un niño autista expulsado del instituto.

Solcom lleva un total de 239 casos en España de los cuales el 80% se deben a educación inclusiva. Tres son de León: Rubén, el niño con síndrome de Down; una niña de educación infantil, cuya familia no está de acuerdo con la escolarización combinada en centro ordinario y especial y otra niña de primaria en Astorga.

En la mesa redonda celebrada en el Procurador del Común participaron expertos como Ignacio Campoy, profesor de la Universidad Carlos III, Gerardo Echeita, de la Universidad Autónoma de Madrid, el psicólogo leonés Miguel Ángel González Castañón, el abogado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, y la vocal María del Mar Álvarez. Clausuró Javier Amoedo, Procurador del Común de Castilla y León.

FUENTE: Ana GaiteiroDiario de León

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