Se sigue negando el acceso del alumnado con diversidad funcional a los centros ordinarios y se les aboca a la segregación en la educación especial
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emite nuevamente un duro informe contra estado español por vulnerar de manera reiterada los derechos del alumnado con diversidad funcional.
El informe hace hincapié en que la Convención es un tratado internacional de derechos humanos ratificado por el Estado parte y por lo tanto es una norma jurídicamente vinculante para todas las autoridades del Estado, sean estas partes del Organismo Ejecutivo, Legislativo, o Judicial, y/o tengan competencias a nivel nacional, en comunidades autónomas, en ciudades autónomas, en diputaciones provinciales, o en municipios.
El 22 de abril de 2024, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras examinar la política educativa del estado español, ha vuelto a determinar que España incumple sistemáticamente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que aún cuando en los textos legislativos se habla de inclusión educativa, esta no es efectiva, ni real.
El pasado día 18 de marzo, SOLCOM comparecía ante el Comité para reiterar su denuncia tanto del incumplimiento de nuestro Estado, con el articulado de la Convención, como con las recomendaciones y peticiones emitidas por el propio Comité en su informe del año 2018.
SOLCOM, solicitaba al Comité una serie de peticiones, entre la que destacaba que la investigación a la acción de nuestro gobierno siguiese abierta, e incluso se endureciesen en la medida de lo posible las peticiones que el Comité pudiera formular, a fin de que todo el alumnado con diversidad funcional pueda ejercer sus derechos en igualdad y equidad.
Recordaba SOLCOM en su comparecencia hechos tan graves como: la no inclusión de una cláusula de rechazo en la nueva ley de educación, la permanencia del art. 74 en este texto educativo, la utilización de informes psicopedagógicos con datos clínicos para dictaminar posibles apoyos educativos, los múltiples casos de acoso detectados entre este alumnado, cuyo porcentaje sube peligrosamente, la no titulación del alumnado que cursa ESO con adaptaciones, la nula participación de los padres en la toma de decisiones sobre las escolarización de sus hijos, el alarmante aumento en las estadísticas de los alumnos segregados en centros y aulas de educación especial, la consideración como principio y no como derecho por parte de algunos tribunales, etc.
En este nuevo informe, el Comité da buena cuenta de todo lo aportado por el Gobierno para justificar la implementación de un sistema de educación inclusiva en nuestro país, pero entre otras cosas, el Comité se cuestiona la sostenibilidad del compromiso a todos los niveles del Estado parte hacia una educación inclusiva y de calidad en el sistema educativo ordinario, ya que como recalca han pasado 16 años desde la entrada en vigor de la Convención.
Enumera este nuevo informe una serie de preocupaciones del Comité, entre ellas:
- Que el texto de la reforma de la LOMLOE mantuvo el inciso primero del articulo 74
- Que el Tribunal Constitucional, continúe considerando la inclusión educativa como un principio general del sistema educativo y no como un derecho, o haya reconocido la compatibilidad de la educación especial segregadora con la Constitución.
- Que esta máxima instancia judicial haya continuado estimando, como en el 2014, que la imposibilidad de otorgar ajustes razonables justifique la segregación educativa en centros especiales.
- Que grupos parlamentarios, así como autoridades y parlamentos de algunas comunidades autónomas continúan haciendo abogacía por la educación en centros o aulas especiales.
- Que los estudiantes con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual que habían obtenido adaptaciones curriculares significativas antes de la vigencia del Real Decreto 217/2022 no hayan podido titular en Enseñanza Secundaria Obligatoria, pese a haber aprobado todos los requisitos de su curriculum.
Este informe termina reiterando todas las peticiones efectuadas con anterioridad al Estado Español y añade otras muy importantes, dirigidas a determinados grupos, instituciones, etc., entre las que podríamos destacar:
- A las autoridades: Derogar, en forma prioritaria y urgente, toda ley vigente que permita o perpetúe la segregación educativa de las personas con discapacidad, a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias.
- A los Tribunales: Revisar su jurisprudencia, para ajustarla a la Convención, reconociendo que la segregación educativa, a través de la escolarización de las personas con discapacidad en centros especiales y unidades especificas en aulas ordinarias no es compatible con la Convención
- A los grupos parlamentarios: Asegurar que las propuestas o proposiciones no perpetúen la segregación educativa de las personas con discapacidad, a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias.
- A las administraciones educativas: Asegurar que las evaluaciones psicopedagógicas no concluyan ni conduzcan en caso alguno a la separación de una persona con discapacidad de la escuela ordinaria o a la proposición que sea escolarizada en un centro o escuela especial o en una unidad específica en aulas ordinarias.
En definitiva, SOLCOM iniciaba su comparecencia del dia 18 de marzo, asegurando que la situación actual es incluso peor que la que el Comité conoció en su visita a España en 2017 y a esa misma conclusión llega el informe:
- El Comité deplora que las cuestiones, problemas y desafíos estructurales que en su día evaluó y que en 2017 lo llevaron a adoptar su informe de investigación, las que también ha abordado en el capitulo II del presente informe de seguimiento, han persistido y continúan produciendo como resultado la perpetuación de un sistema educativo que segrega, en la práctica, a más de 40,000 personas con discapacidad, del cual un 40 por ciento son personas con discapacidad intelectual.
- El Comité nota con preocupación que existe un riego de retroceso en la implementación del derecho a la educación inclusiva y de calidad.
Tras este nuevo informe, creemos que es el momento de unir fuerzas entre todas aquellas asociaciones, instituciones etc. defensoras de la educación inclusiva, para solicitar al Gobierno el cumplimiento inmediato de todo lo demandado por el Comité, y poner corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado.
Desde SOLCOM se solicitará a la mayor brevedad posible reunión con el Ministerio de Educación para exigir este cambio inmediato, con el ofrecimiento por parte de nuestra asociación para colaborar en la buena consecución de una educación y una escuela igualitaria y justa para todos.
Por último, señalar que este es un contundente informe que reitera por desgracia, lo denunciado por SOLCOM en el año 2014, y en el que hay que destacar, que el Comité señala también su preocupación por las familias, y por el impacto negativo de las dolorosas y largas situaciones vividas.
No queremos ni podemos dejar de dar las gracias a todas esas familias que nos han acompañado en este proceso, en esta última comparecencia en concreto, a todos vosotros, gracias. Agradecer también a todos los profesionales y expertos su apoyo y ayuda con sus aportaciones y documentos.
