El pasado día 26 de abril, en la Universidad Carlos III de Madrid, tuvo lugar la celebración de las Jornadas «La asistencia personal como derecho humano: exigencia y aplicación» con la que la asociación Solcom pretende dar a conocer la Asistencia Personal y reivindicar su papel en la vida de las personas con diversidad funcional, como recurso necesario para que estas puedan tomar verdaderamente el control de sus vidas.
En la jornada, además de hablar de la figura del asistente personal y de su necesaria regulación, se ofrecieron importantes datos sobre la situación de la asistencia personal en España frente a otros países europeos, la desinstitucionalización y como se está afrontando dentro de la Agenda 2030. Se pusieron de manifiesto realidades de personas con diversidad funcional a lo largo de todo el Estado donde el denominador común era la precariedad a la hora de acceder a la asistencia personal, incluso la pérdida de esta prestación en algunos programas por falta de financiación. Se trató también la múltiple e interseccional discriminación que sufren las mujeres con diversidad funcional por su condición de mujer y por su diversidad funcional, la dificultad que tienen para denunciar cuando en algunos casos, quien les presta apoyo es su propio maltratador. Se habló de cómo desde la sociedad civil se puede denunciar ante el Comité de Naciones Unidas situaciones de discriminación y vulneración de derechos. Y se expuso y explicó la propuesta de una Ley de Vida independiente y asistencia personal como alternativa a la actual situación.
La jornada fue presentada por el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, D. Rafael de Asís y contó con la presencia de D. Jorge Araya, Secretario del Comité para la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y de D. Jesús Martín, Director General de Discapacidad. Además de Jose Antonio Nóvoa, miembro del Foro de Vida Independiente y Divertad, el profesor de la Universidad de Barcelona Antonio Madrid, quien moderó la mesa de debate, y los activistas Martí Ballada y Christian Lago del colectivo catalán PerDret y nuestras compañeras de la junta directiva de SOLCOM Carolina López y Nuria Aparicio.
Jorge Araya habló de la asistencia personal, como derecho, y de la de obligación del estado español de garantizar e implementar ese derecho, atendiendo siempre al art. 19 de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional. Comentó la importancia de la exigibilidad, de este derecho y que actualmente la manera más inmediata de judicializar casos es en base a la exigencia de no discriminación de personas con discapacidad y así como del deber de avanzar también en la derogación de las leyes contrarias a la Convención.
Se pusieron de manifiesto por parte del ponente otras demandas que habían tenido lugar ante el Comité de los derechos de las personas con diversidad funcional y en concreto la demanda contra el Reino Unido por la precarización de la asistencia personal. Habló igualmente de la obligación que tiene el Estado español en el cumplimiento de la estrategia de desinstitucionalización con el deber de crear servicios individualizados que respeten la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, y con evaluaciones que abandonen las valoraciones funcionales médicas y se centren en las barreras sociales. Las políticas públicas deben tener la financiación suficiente para poder llevar a cabo todas las iniciativas en lo que se refiere a la asistencia personal.
Por su parte Jesús Martin, comentó la posición actual del gobierno ante la próxima legislación, ofreciendo datos y porcentajes de las inversiones realizadas durante la legislatura y fue desglosando las partidas que se habían invertido como los proyectos piloto hacia la vida independiente en la estrategia estatal de desinstitucionalización. Manifestó su compromiso con la asistencia personal como figura clave para el desarrollo de la vida independiente, avanzó algunas mejoras que tendrá el anteproyecto de ley como es la ampliación a los menores y mayores de 65 años en la prestación de asistencia personal, la ampliación al ocio y tiempo libre y el compromiso de dotar económicamente la prestación, resaltando el dinero ya invertido en la legislatura. Puso de manifiesto los límites que tiene el ministerio ya que las competencias responden a las comunidades autónomas, dijo que se está avanzando e intentando llegar a consensos. Así mismo se mostró partidario de una formación breve y específica para los asistentes personales.
El representante del Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID), José Antonio Nóvoa, dio a conocer la propuesta de Ley Española de Vida Independiente (LEVI), como alternativa a la actual situación y legislación existente, que es contraria a la filosofía de vida independiente y que no potencia ni facilita el desarrollo de la figura de la asistencia personal.
Aseguró que lo que se presentaba al Gobierno y a los actores sociales del sector la necesidad y la oportunidad de impulsar la AP desde una visión acorde a los derechos fundamentales y derechos humanos. Planteando la fórmula de una proposición de Ley Orgánica, construyendo una alternativa a la institucionalización formal e informal de las personas en situación de dependencia. Una aportación significativa a la reconstrucción económica y social del país, una receta que previene de riesgos como los vividos en la situación de pandemia reciente, una fórmula que además generar de modo comprobable un flujo monetario y de movilidad social que retorna al presupuesto multiplicado por tres. Esta ley, aseguró, representa la vacuna que evita la dependencia.
En la propuesta de Ley de Vida Independiente (LEVI) se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico a cargo de los presupuestos del Estado, para la adquisición de servicios de AP como derecho de ciudadanía, de forma universal e incondicional, conforme a la Obs.nº5, a las personas en situación de dependencia reconocida en España que la soliciten, y que será adecuado para permitirle cubrir sus necesidades asistenciales. Deberá ser independiente de sus condiciones socio económicas y constituirá la base imprescindible para que las personas puedan construir su vida y ejercer sus derechos fundamentales.
Por su parte los representantes de PerDret, Cristian Lago y Martí Ballada, defendieron en la Jornada la implementación de de la asistencia personal en el marco europeo, en base a la Convención de la ONU 2006 en todo el territorio español, contando con las distintas autonomías de forma que, en todas, se respeten los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional y así cumplir con lo firmado por España en el 2008. La Convención considera fundamental la asistencia personal para hacer efectivo el derecho a la autonomía personal y a la vida independiente.
Así mismo, insistieron en que se debe abandonar la conocida como Ley de Dependencia, ya que en su articulado ni habla ni defiende la Convención ni los derechos sociales de las personas con diversidad funcional. Por ejemplo, el art. 25 está reforzando la existencia de residencias, no se puede hablar de transformación si se pretende seguir prestando servicios a través de residencias y que eso se le llame vida independiente, hay que clarificar estos conceptos para no seguir perpetuando políticas restrictivas y alejadas de la filosofía de vida independiente.
Por todo esto, resaltaron la necesidad y el deber de disponer de una ley que sea garante de esos objetivos, y la actualización de la Ley de Dependencia, consideran va en contra de la Convención.
Por contra, defendieron la LEVI, elaborada por el FVID, que sí recoge el espíritu de la Convención y en el que creen como anteproyecto para ser una base muy válida para aplicar en el territorio.
Por parte de Solcom, intervinieron Dª Nuria Aparicio, que reflexionó sobre la importancia de la implementación de una Asistencia Personal suficiente y necesaria, para que las mujeres con diversidad funcional puedan tomar el control de sus vidas y así evitar la violencia familiar y de género y la institucionalización.
Reivindicó la necesidad de su desarrollo, aprobando una regulación estatal con criterios unificados, y que esta regulación se aborde con una perspectiva de género que atienda a las mujeres con diversidad funcional usuarias de asistencia personal, y también a todas esas mujeres cuidadoras que no forman parte del sistema público, pero ejercen una labor ingente en la atención a personas con déficit de autonomía y grandes necesidades de apoyo. Aseguró que el cambio debe ser profundo y debe situar a las personas en el centro y atender a las necesidades bajo el mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Por su parte Carolina López mencionó la importancia de que las propias personas con diversidad funcional conozcan sus derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, la Filosofía de Vida Independiente, la asistencia personal y la figura de apoyo que es la/el asistente personal, empoderando a las personas para que ejerzan su derecho a la autodeterminación.
Respecto a la formación de los asistentes personales destacó que lo importante son las relaciones interpersonales y que una formación excesiva y socio-sanitaria basada en el modelo médico rehabilitador sería contraria al modelo de DDHH que establece la Convención y acabaría con la asistencia personal misma. Reconociendo la utilidad de una formación para los asistentes personales basada en el conocimiento de la FVI, La Convención, y otra más práctica como las habilidades sociales y el conocimiento de los aspectos legales de la relación laboral entre otras, insistió en que la misma no puede ser exigida previa al inicio de la relación laboral.
En una segunda intervención se refirió a la situación precaria en que se encuentra la AP en España con algunos ejemplos de las diferencias que existen entre comunidades derivadas de una falta de regulación estatal y con consecuencias como el retroceso en inversiones en algunos proyectos, el estancamiento en el acceso y solicitudes de asistencia personal, las dificultades de acceso vinculadas a la actividad y a la edad, impidiendo el acceso de menores y personas mayores de 65 años a la asistencia personal, entre otras.
Así mismo, hizo mención a la falta de una dotación presupuestaria acorde a las necesidades reales de las personas y a la necesidad de crear un Sistema Nacional de Servicios Sociales.
La jornada contó con un importante seguimiento tanto presencial como online, con gran cantidad de preguntas y opiniones, lo que propició diálogo y cambio de impresiones entre los ponentes y el público, aunque desgraciadamente por falta de tiempo no pudieron ser contestadas todas las cuestiones.
También las dificultades técnicas del inicio de las jornadas, impidieron que las ponencias se desarrollasen en toda su extensión, por lo que se publicarán en la web de Solcom.
Aún así, esa variedad de opiniones y cuestiones sobre las que reflexionar, enriqueció el debate y sirvió para hacer presente una vez más, el lema del Movimiento de Vida Independiente “Nada sobre nosotras/os sin nosotras/os”.
Por último, SOLCOM, quiere agradecer la participación a todos los presentes y seguidores online, a Rafael de Asís, a los ponentes, Antonio Madrid, Antón Novoa, Martí Ballada, Cristian Lago, Nuria Aparicio, Carolina López y especialmente a Jorge Araya y Jesús Martin por aceptar la invitación y una vez más el esfuerzo del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba y a la Universidad Carlos III por abrirnos las puertas de su casa.
