El objetivo de SOLCOM es la defensa de lo establecido en la Convención, para lo cual actúa de la siguiente manera: el apoyo a las denuncias individuales de personas (litigación sistemática), la denuncia directa de nuevas leyes que vulneran la Convención o de casos de interés general (litigación estratégica).

Para apoyar ambos caminos, SOLCOM, en colaboración con una red de defensores, además de la denuncia, realiza una labor de apoyo a las personas y de presión ante las administraciones.

Miembros de SOLCOM durante la presentación en Santiago de Compostela

Red de defensa de derechos

Para realizar esta defensa de derechos, SOLCOM intenta colaborar con universidades, entidades, abogados o despachos de abogados que, bien de manera desinteresada, pro-bono o con tarifas reducidas (tarifa de justicia gratuita + 25 por ciento, pagando la mitad por adelantado y la otra al final, o porcentaje (10 por ciento) de atrasos o de indemnización), colaboren en la defensa de las personas y la Convención.

Desde este informe animamos a los socios y socias a ampliar esta red con sus conocidos o personas interesadas que puedan conocer, incluidas aquellas que puedan aportar su colaboración en consultas y/o informes en el ámbito de la psicología clínica, neurología, psiquiatría, trabajo social u otras.

Miembros y colaboradores de SOLCOM durante la presentación en Madrid

Litigación Sistemática


En el ámbito de la legislación sistemática, los casos a los que se ha atendido han sido 56, relacionados con los siguientes ámbitos:
  • Accesibilidad
  • Acceso laboral
  • Ayuda a domicilio
  • Educación
  • Dependencia
  • Derechos
  • Discriminación
  • Malos tratos
  • Menores
  • Salud
  • Transporte
Miembros y colaboradores de SOLCOM durante la presentación en Valencia

De esos 56 casos, 22 se cerraron en 2010.

De los 34 que se ha trabajado en el año 2011, se han cerrado un total de 13, de los cuales 6 se iniciaron en 2010 y 7 en 2011.

Siguen abiertos un total de 21 de los cuales 10 entraron en 2010 y 11 en 2011.

Litigación estratégica


SOLCOM ha emprendido acciones legales ante las siguientes administraciones públicas:
  • Xunta de Galicia: Ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en demanda de la derogación del Decreto 15/2010 de la Xunta de Galicia, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos, por contravenir, entre otras normas, la Constitución Española y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. El recurso está admitido a trámite.
  • Gobierno de España: Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010, que fija las prestaciones máximas por asistencia personal en 833,96 euros/mes (Grado III, nivel 2) y 625,47 euros/mes (Grado III, nivel 1), ya que estas cuantías no son compatibles con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y se vulnera el principio de prevalencia que defendemos. El recurso ha sido desestimado y SOLCOM condenada a pagar las costas.
  • Generalitat de Catalunya: Departament d’Acció Social i Ciutadana -Demanda contra la Orden nº ASC/471/2010 de 28 de septiembre, por la que se regulan las prestaciones y los y las profesionales de la asistencia personal en Cataluña, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 5731, de 8 de octubre de 2010, ante la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Recurso de protección jurisdiccional: 385/2010. El recurso fue admitido y, tras el desarrollo del proceso, estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  • Junta de Castilla-La Mancha: Se interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación. El recurso fue desestimado.
  • Unión Europea: Se ha denunciado que la Junta de Extremadura aplica incorrectamente fondos comunitarios, y concretamente de FEDER, en infraestructuras educativas, destinando 386.481,27 euros a la obra “Adecuación Instalación Eléctrica en el C.E.E. (Centro de Educación Especial) PROA de Cáceres”, de los cuales un 70% (270.536,89 euros) han corrido por cuenta de FEDER. Al hacer partícipe a FEDER y la UE de la operación, consistente en sacar del entorno urbano a las personas con diversidad funcional, se interviene en una política contraria a la inclusión de estos ciudadanos, lo que viola la Convención de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional), que obliga jurídicamente a la Unión Europea, incluso antes que los propios reglamentos comunitarios, dada su superior jerarquía normativa y mayor relevancia jurídica. Pendiente de resolución.

Otros apoyos


De igual manera se han llevado a cabo acciones para detener el Decreto de atención a la diversidad de la Xunta de Galicia y la Ley de Educación de Castilla-La Mancha.

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