El pilar de un estado democrático descansa en la urna y desde el momento en que se redactó la constitución se plasmó la voluntad de que las personas con movilidad reducida, por discapacidad, edad u otra circunstancia pudieran ejercer el voto en condiciones dignas.

El paso del tiempo dejó ver que la plasmación material del ejercicio del voto se producía en locales inaccesibles para las personas con movilidad reducida. La situación se repite votación tras votación y hace muchos años que las denuncias de esta situación han llegado a materializarse sin que nadie hubiera puesto medidas efectivas para solventarlo.

El goteo de denuncias por parte de electores individuales y entidades relacionadas con las personas con discapacidad ha llevado a cambios normativos tendentes a eliminar la falta de accesibilidad a los procesos electorales. Legislación no falta, entre ella:

  • La Constitución Española de 1978, artículos: 9.2, 23 y 49.
  • Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
  • Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) disposición final quinta.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
  • Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007 y en vigor desde el día 3 de mayo de 2008, que establece en su artículo 29.
  • Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies