La legislación actual en materia de exigencia de accesibilidad física a los locales electorales es clara. Es en la designación de los locales electorales donde se produce la disfunción, que es debida a:

  • Son las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral quienes determinan los locales y mesas, oídos los Ayuntamientos. Pero la redacción dada a las circulares y normas interpretativas están dotadas de una inconcreción, a nuestro juicio, deliberada, que diluye responsabilidades.

Y decimos “deliberada” porque la normativa que rige el proceso electoral es totalmente detallista: Urnas, cabinas, papeletas, sobres, impresos de candidaturas, solicitud de certificados, impresos y más impresos,… están definidos hasta el último detalle.

En ninguna disposición se menciona que se sacaran las urnas a la calle, ni siquiera que se moverán del sitio por ningún motivo. Y ello es así porque los locales deben cumplir la normativa de accesibilidad del territorio en que se encuentra. Pero dado que: “Los locales electorales serán, preferentemente, de titularidad pública y de entre ellos, los de carácter docente, cultural o recreativo”, se da por hecho que son accesibles y que ello ha sido verificado, pero ello no puede servir de excusa, porque la ley añade: “y deberán ser accesibles a las personas con limitaciones de movilidad”.

Ciudadano en silla de ruedas votando fuera del colegio electoral

El punto 2, del artículo 3 del “Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales”, no establece con claridad quien es el responsable de que todos los colegios electorales sean accesibles.

De la redacción de ese punto se infiere que los Ayuntamientos propondrán locales accesibles, pero dice “propondrán” y con ello parece dejarse la responsabilidad a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Pero a continuación dice: “En el caso de que no exista ningún local accesible y tal extremo se justifique por la Oficina del Censo Electoral…”. Lo que abre la puerta a preguntarse quién acredita la accesibilidad o falta de accesibilidad de un local electoral para que adopte las medidas necesarias.

Ciudadana en silla de ruedas frente a unos escalones

Por otro lado no parece razonable que se establezca en un texto legal el que se adopten las medidas necesarias para que los locales sean accesibles durante la jornada electoral, cuando los locales públicos deben de ser accesibles todos los días y en todo momento.

La mayoría de las soluciones adoptadas incumplen toda normativa y en muchos casos son chapuzas peligrosas.

Respecto al punto 3, del artículo antes citado, despeja la responsabilidad de la falta de accesibilidad, al imponer que los electores presenten alegaciones en el plazo de 5 días desde que el local es designado por la Junta Electoral. Lo que significa que es el elector quien debe verificar la accesibilidad para poder denunciar la situación, cuando está establecido que alguien ha hecho la verificación.

La medida más efectiva para que se cumpla el que los locales sean accesibles es la implantación de un modelo de impreso que acredite que el local electoral cumple la normativa de accesibilidad de la comunidad autónoma y las personas con movilidad reducida pueden acceder de manera cómoda y autónoma. Será responsable de la veracidad del certificado el funcionario o responsable que lo suscriba, con lo que estará identificado el responsable contra quien se podrán dirigir las acciones administrativas y penales establecidas legalmente.

Rampa precaria para acceder a un colegio electoral

A partir de ahí cualquier impugnación o reclamación daría lugar a la apertura de un expediente en el que el responsable seria identificable y por tanto desaparecería la indefinición que produce la dispersión actual de responsabilidades.

Medidas concretas a aplicar por parte de la administración serian:

  • Se precisa una actitud activa por parte de los poderes públicos en orden a garantizar la accesibilidad y con el ello el cumplimiento de la legalidad vigente. Decimos una “actitud activa” por cuanto la legalidad vigente es suficiente.
  • En todo caso el “Manual para los miembros de las mesas electorales” debe contener un impreso en el que se detallen los elementos y parámetros arquitectónicos del local a verificar, que se cumplimentará en el momento de constitución de la mesa.
  • En ningún caso se abrirá el colegio electoral sin haber puesto la circunstancia de la falta de accesibilidad en conocimiento de la Junta Electoral de Zona y está haya dado autorización expresa de que se abra el colegio. En todo caso, la Junta informará al Ministerio Fiscal de lo sucedido para el esclarecimiento de la posible responsabilidad penal de los responsables.

Los partidos políticos deben de implicarse en el cumplimiento de la legalidad y para ello pueden:

Incorporar a la formación que se imparte a los apoderados, interventores y candidatos, las condiciones físicas de los colegios electorales para que sean accesibles, Adoptar todas las actuaciones precisas para que ningún candidato que concurra por el partido vote en un colegio electoral que no sea accesible, por cuanto ello es una indignidad para el candidato, por cuanto vota en un local que incumple la legalidad y no puede obviar el hecho porque supone la falta de respeto al estado de derecho.

El movimiento asociativo en torno a la discapacidad.

Debería de dar un paso y pasar de la denuncia pública, y los estudios alusivos a la falta de accesibilidad de los locales electorales, a la denuncia administrativa y judicial ante la autoridad electoral para que se depuren responsabilidades, puesto que la ley les habilita para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo los derechos individuales de los discapacitados y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación.

El sitio de la urna es la mesa electoral.

Cuando la urna sale a la calle tiembla la democracia y el estado de derecho.

Descargar el informe

Estudio Coordinado y Dirigido por

Vicente Valero Sanchis

Experto en Accesibilidad

agosto 2011

Ciudadano en silla de ruedas votando en la calle

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