En España un 9 por ciento de la población está discriminada por tener mentes y cuerpos que funcionan de manera diferente a los de la mayoría de las personas. Este grupo de personas son comúnmente denominadas como personas con discapacidad. Este informe rehuye esa terminología ya que contiene dos errores fundamentales: valora a las personas por su capacidad y elude la mención a la discriminación que sufre este colectivo. Por lo tanto, en este texto se hablará de personas discriminadas por su diversidad funcional.

SOLCOM es una organización que nace con el fin de que los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y sus familias se respeten y se hagan cumplir mediante el recurso a los Tribunales de Justicia, así como para permanecer alerta ante el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (en adelante, la Convención), ofreciendo asesoramiento y apoyo para garantizar la no discriminación de este grupo de hombres y mujeres que incluye a más de tres millones y medio de personas, y su discriminación, que afecta a sus familiares y amigos, tiene impacto en más de quince millones de españoles y españolas (un 30 por ciento de la población).

La visión tradicional de este grupo de personas ha consistido en dos aproximaciones: caridad y cura de la enfermedad. La sociedad ha intentado arreglar sus cuerpos o mentes “defectuosos” y, ante el fracaso, ha sido caritativa con ellas.

Sin embargo, esta visión obsoleta debería cambiar radicalmente en el panorama legal español: desde el mes de mayo de 2008 está vigente en España la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (diversidad funcional), que fue aprobada por Naciones Unidas en diciembre del año 2006. Su aprobación está abocada a generar un cambio de mentalidad global sobre el “problema” de la diversidad funcional, convirtiéndolo en un problema de diseño de leyes y políticas sociales, erradicando la visión tradicional de que el problema estaba en la persona.

Ese cambio de perspectiva obliga a una revisión profunda de toda la legislación relacionada con la diversidad funcional tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, además de un cambio de paradigma que incluye también al mundo jurídico, que, a partir de ahora, deberá contemplar la realidad de las personas con diversidad funcional como una cuestión de discriminación y desigualdad de oportunidades.

Por añadidura, esta nueva perspectiva legal dota de nuevos argumentos jurídicos al colectivo para luchar personal o colectivamente contra una discriminación que, aún hoy, no es percibida por la sociedad.

Este informe de violaciones de la Convención, el primero de SOLCOM, pretende recopilar el mayor número de casos de discriminación que afecten directamente a personas de todas las edades, de los que se haya tenido noticia por parte de la propia organización, por los medios de comunicación o por otros informes similares que puedan existir.

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