En lo que respecta a los tratos degradantes, se dio un caso de humillación pública de una persona con diversidad funcional, con la connivencia o silencio de los vecinos, que fue llevado a los tribunales y resuelto mediante una compensación económica. Los intentos que se realizaron posteriormente ante la fiscalía para reabrir el caso fueron en vano. SOLCOM entiende que la dignidad de las personas no se puede comprar y que la violación de derechos humanos merece la represión coercitiva pública.

De igual manera, ha sido denunciado un caso de una residencia de ancianos que estuvieron un mes sin agua caliente ni calefacción. Esto supone un trato inhumano a un grupo de personas discriminadas por su diversidad funcional.

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