Dado que las políticas sociales actuales son más proclives a la educación excluyente y al encierro en residencias, son varios los casos (un 8,9 por ciento) denunciados en este ámbito, la mayoría de ellos casos de educación. Si educamos en la exclusión, difícilmente podremos obtener el derecho a vivir en comunidad.

En este ámbito cabe resaltar una sentencia judicial que forzó a la administración educativa, que obligaba a la educación excluyente a una joven con diversidad funcional al pasar al instituto, a cumplir la Convención e integrarla en la educación ordinaria, con los apoyos necesarios.

En el otro lado de la balanza nos encontramos con el caso de un colegio que instó a los alumnos con diversidad funcional a no ir al colegio por estar de baja la persona de apoyo (algo que no hace con el resto de alumnos ante la baja de un profesor).

La prestación de Asistencia Personal, un derecho contemplado en este artículo y en la LEPAP (Ley de Promoción de la Autonomía Personal, mal llamada de “dependencia”) no sólo no se ha regulado ni promocionado sino que en dos casos ha sido concedida y luego retirada y en uno no se ha ofrecido, dando a cambio una plaza de residencia, o se ha retirado el apoyo a la hora de comer en dos casos, uno de educación infantil y otro en educación universitaria.

Es muy lamentable la significativa limitación del derecho que implica el hecho que a 1 de noviembre de 2010 las administraciones públicas de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, no hayan sido capaces de proveer ni una sola prestación de Asistencia Personal.

Por último, una persona murió tras 74 años de institucionalización, en un flagrante incumplimiento de este artículo. Un aislamiento más largo que el de el criminal con la condena más larga posible.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando se considera que acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies