La mayor parte de las violaciones denunciadas afectan a la educación de niños y niñas, que son obligados a una educación excluyente y segregadora por la administración pública, contraviniendo este artículo, además del 24 (Educación).

Esta triste realidad indica dos cosas:

  • Es muy difícil alcanzar el pleno respeto de los derechos humanos en la edad adulta, si la discriminación se empieza a labrar desde la infancia, lo que presenta es un panorama poco esperanzador para el futuro.
  • Las madres y padres de niños y niñas con diversidad funcional son más proclives a luchar por los derechos de sus hijos e hijas que las personas adultas con diversidad.

Si a estos dos hechos se le añaden los nuevos decretos educativos excluyentes publicados por la Junta de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación referentes a la educación en Ceuta y Melilla, que van a ser denunciados ante los tribunales por SOLCOM, se puede observar que el futuro de los derechos humanos de las personas discriminadas por su diversidad funcional se presenta muy negro, por voluntad de algunas administraciones públicas empecinadas en seguir violando esos derechos, ahora positivizados en una norma internacional que prevalece de modo absoluto e incondicionado sobre cualquier otra en España.

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