Actuaciones del Estado durante el período 2009-2010

El Consejo de Ministros acordó, el 10 de julio de 2009, crear un grupo de trabajo interministerial, presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social, para que analizara la legislación vigente y emitiera un informe con conclusiones sobre las modificaciones pertinentes. Este grupo elaboró un informe con las medidas necesarias para adaptar la legislación española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 30 de marzo de este año.

El 8 de octubre de 2010, la entonces ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presentó a las Comunidades Autónomas el anteproyecto de Ley de Adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Desde SOLCOM entendemos que tanto el informe como la Ley son una mera pátina de modificaciones sin sustancia, que no bastan para afrontar el desarrollo de la Convención.

La postura de SOLCOM a este respecto es:
  1. Disentimos radicalmente de la técnica normativa seguida. El recurso a una “ley escoba” impide un examen pormenorizado de toda la legislación española, tanto estatal como autonómica, creando la ficción de que se ha procedido a una adecuación universal de dicha legislación a un Tratado internacional, que prevalece de modo absoluto e incondicionado sobre las normas internas.

    Lo correcto y deseable es que la adaptación se efectúe por cada Ministerio y Comunidad Autónoma, acometiendo un examen pormenorizado y profundo de toda la normativa –legal y reglamentaria- de ellos dependientes.

    Como prueba del pésimo resultado obtenido con la técnica de la “ley escoba” baste reseñar que no se hace alusión alguna a la adaptación de todas las leyes y reglamentos educativos, imprescindibles para obtener una educación inclusiva, ni a la Ley de Promoción de Autonomía Personal, colocando la asistencia personal para una vida independiente como opción vinculada a la mera autonomía de la voluntad de los ciudadanos con diversidad funcional, y no en función de otras consideraciones ajenas al ciudadano.

    Al respecto, véase la Sentencia firme de la Audiencia Nacional, de 2.XI.2009 que constata que el Ministerio de Educación ni siquiera ha efectuado ajustes razonables, tal como exige la Convención, en materia de política de becas y ayudas al estudio.

  2. Los proponentes han dejado prueba evidente e irrefutable de que no aspiran a una adaptación integral y plena de las normas españolas a la Convención, y de que –por tanto- sólo pretenden una adaptación cosmética muy superficial.

    En efecto, en los puntos III.2 y III.5 de la Memoria del anteproyecto afirman que no se derivará impacto económico ni presupuestario. La simple enumeración de infraestructuras estatales inaccesibles a ciudadanos con diversidad funcional y de publicaciones oficiales no adaptadas refrenda esa constatación. La persistencia de comisarías de policía, cuarteles de la Guarda Civil, oficinas de correos, estaciones ferroviarias, oficinas de la Seguridad Social y Agencia Tributaria, etc. no accesibles son prueba de cargo en ese sentido. Lo mismo cabe decir del BOE inaccesible para personas con diversidad sensorial, impresos oficiales, páginas web de organismos estatales, … Al no existir voluntad real de cumplir y hacer cumplir la Convención es obvio que no habrá ningún impacto presupuestario. Por consiguiente, exigimos la elaboración de una memoria pormenorizada por Ministerio y organismo estatal para dar credibilidad a dicha voluntad.

  3. No se prevén ajustes razonables en cuanto a las pruebas de acceso al empleo público, con lo cual la ampliación del porcentaje de reserva será estéril. La Convención demanda esos ajustes, atendiendo más a habilidades que a la memorización de temas, de modo que se abra el abanico efectivo a los conciudadanos con diversidad funcional intelectual, tomando en consideración el porcentaje que representan dentro del colectivo con edad útil para trabajar. Tampoco se prevé nada para acceder a empleos en empresas públicas o concesionarias y otros organismos oficiales (TRAGSA, RENFE, AENA, Correos, RTVE, …). Debiera obligarse a todas las administraciones públicas a identificar en todas las relaciones y catálogos de puestos de trabajo las habilidades precisas, de modo que las pruebas se ajusten a esas habilidades.
  4. No se articula un plan de inspección efectivo y con sanciones aparejadas para hacer cumplir la LISMI en cuanto a la reserva de empleos en empresas de más de 50 trabajadores, previendo la equiparación concatenada –en cremallera- de conciudadanos con diversidad física e intelectual. Es inadmisible que casi tres décadas después todavía se manifieste que se va a estudiar el asunto. Ahora, con la Convención, ya no cabe demora. La Inspección de Trabajo debe publicar anualmente un plan de inspección en el BOE y hacer público su informe anual de ejecución.
  5. No se prevé nada sobre cómo hacer cumplir y velar por los derechos de los conciudadanos con diversidad funcional en centros de internamiento, donde carecen de red informal de apoyo.

    En consecuencia, conminamos a los proponentes a retirar el anteproyecto y a mantener una reunión de trabajo para encauzar correctamente el proceso de adaptación de TODA la normativa española a la Convención, y si no es así que no se genere confusión con un anteproyecto de mínimos, meramente ritual y estético.

    Por otro lado, el gobierno y las comunidades autónomas han seguido publicando decretos en el ámbito de la educación y de la promoción de la autonomía, que no se alinean con lo establecido en la Convención, algunos de los cuales han sido llevados a los tribunales por SOLCOM:

  • Decreto 15/2010 de la Xunta de Galicia, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa Individual de Atención y la organización y funcionamiento de los órganos.
  • Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2010.
  • Ley 7/2010, de 20 de Julio de Educación de Castilla-La Mancha.
  • Orden ASC/471/2010 de la Generalitat que regula la asistencia personal en Cataluña.
  • Además, el 18 de noviembre de 2010, se publicó en el BOE la creación del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad. Desde SOLCOM lamentamos que el seguimiento y la garantía de la igualdad y del cumplimiento de la Convención en todo el sistema educativo no se encuentre entre sus funciones. La fase de “seguir” ya ha pasado. Ahora toca la de cumplir y hacer cumplir.
  • Organismos oficiales

    Las administraciones públicas disponen de una serie de organismos que, en teoría y al aprobarse la Convención, deberían haberse puesto al servicio de su cumplimiento, algo que todavía no ha ocurrido.

    Así, resulta llamativo que el Observatorio Nacional de la Discapacidad perciba fondos que no sólo no sirven para recopilar datos de violaciones o para defensa de derechos (6), sino que promociona en su web publicaciones como Prevención de Deficiencias, cuyo enfoque se aleja radicalmente del espíritu de la Convención.

    El Real Patronato sobre discapacidad, por su parte, parece ignorar que se haya aprobado la Convención y mantiene unas funciones propias del trasnochado modelo médico, que quedan desbancadas por la Convención:

    “Promover la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas y privadas sobre discapacidad en los campos de:
    -La prevención de deficiencias.
    -Las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagnóstico, rehabilitación y la inserción social.
    -La equiparación de oportunidades.
    -La asistencia y la tutela.”

    Y especialmente exasperante es el hecho de que exista un Consejo Nacional de la Discapacidad, que dispone de una Oficina Permanente Especializada, que tiene como función recopilar denuncias de la sociedad y asesorarla, en el marco de la LIONDAU (7), pero no hemos sido capaces de encontrar ningún informe público de sus actuaciones o casos detectados en sus tres años de funcionamiento.

    Universidad

    En lo que respecta al ámbito universitario, varias universidades como la Carlos III de Madrid, la Universidad de A Coruña, la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid empiezan a dedicar esfuerzos al análisis y difusión de la Convención tanto en el ámbito del derechos como el de la educación.

    Cabe destacara en este apartado la labor desarrollada por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Universidad Carlos III de Madrid, que ha desarrollado varios documentos de análisis legislativo en colaboración con el CERMI.

    Sector social

    Las entidades que actualmente parecen seguir el desarrollo de la Convención y apoyar a las personas en sus denuncias parecen ser sólo CERMI Estatal y SOLCOM, con el apoyo del “Plataforma España Inclusión”, pero sus fuerzas resultan escasas para el objetivo.

    El CERMI Estatal es el organismo encargado de realizar ese seguimiento de manera oficial, ya que fue designado por el gobierno como uno de los varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención.

    SOLCOM ha decidido realizar este informe para complementar la labor del CERMI, de manera voluntaria, sin mandato externo de ningún tipo y sin representarse más que a sí misma, del mismo modo que lo hacen otras organizaciones de defensa de los derechos humanos en otros ámbitos (AI, HRW, …).

    Conviene recordar que existen más de 5.000 ONGs y unos cuantos Observatorios en el sector, decenas de Fundaciones y otros organismos o Foros como el Foro Justicia y Discapacidad, que no parecen excesivamente comprometidos todavía con el cumplimiento de la Convención (8).

    De las escasas acciones que se realizan a favor de la Convención, se puede resaltar que el Observatorio Dincat de Derechos y discapacidad intelectual, que emite un informe semanal sobre datos e incidencias de la LEPAP (9) y el Observatorio de Nuevas Tecnologías para la discapacidad, que realiza informes de accesibilidad web.

    Por su parte el Observatorio Hispano-Argentino muestra un fuerte compromiso con los aspectos formales, legales e internacionales de la Convención con la colaboración de la Fundación Aequitas.

    (6) Aunque sí multitud de otros datos estadísticos.
    (7) Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
    (8) Artículo 33.2 de la Convención.
    (9) Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

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