El Informe de Derechos Humanos de SOLCOM 2011, pretende ser un documento complementario que añade a los ya existentes; un análisis basado en la experiencia directa de SOLCOM en su segundo año de funcionamiento, recopilando casos denunciados públicamente en toda España, durante el período que va de diciembre de 2010 a noviembre de 2011.

Confiamos en que la publicación de este informe sirva de acicate para concienciar e impulsar a la sociedad a denunciar más los casos de discriminación que las personas discriminadas por su diversidad funcional sufrimos estoica y diariamente.

De los casos recopilados, éstos son los siguientes aspectos más relevantes:

  1. El artículo más vulnerado es el artículo 24 (Educación) (1), que representa el 49,3% de los casos, seguido por el artículo 9 (Accesibilidad), con el 22,5%, y alarmantemente, muy de cerca por el artículo 15 (Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), que representa el 16,9%.
  2. La Comunidad Autónoma en la que se han producido más denuncias ha sido Andalucía (18%), seguida de la Comunidad Valenciana (15%) y Castilla y León (14%). Conviene resaltar que, de momento, este dato no indica más o menos violaciones, sino mayor o menor constatación de denuncias.
  3. Los padres y madres de las personas discriminadas por su diversidad funcional denuncian con mucha más frecuencia que las propias personas con diversidad.
  4. Este año, el número de casos denunciados ante los tribunales se ha incrementado, ha sido el 32,4%, frente al 16,7% del año pasado. La mayoría se siguen denunciando en prensa.

Además de los datos de violaciones, existen otras informaciones en este documento. Teniéndolas cuenta y al haber variado muy poco la situación con respecto al Informe SOLCOM de 2010, lamentablemente es poco lo que pueden variar nuestras conclusiones y recomendaciones.

3.1. Conclusiones

  1. En España, a pesar de los superficiales cambios hechos por el gobierno, persiste el conflicto entre la legislación y la Convención.
  2. En España se excluye y discrimina desde temprana edad.
  3. La respuesta de las administraciones de todo el Estado, y de la sociedad civil ante casos graves de violación es alarmantemente inexistente.
  4. Gobiernos y administraciones de todo el Estado siguen y desean seguir violando los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.
  5. Los organismos de la administración y la sociedad civil apenas se mueven en defensa de la persona o personas con diversidad funcional.
  6. Tanto el Comité de la ONU, como el CERMI y SOLCOM, convergen en sus demandas al gobierno español.

3.1. Recomendaciones

  1. Es preciso educar en diversidad e inclusión si queremos vivir en comunidad.
  2. Es imprescindible difundir la Convención, y la cultura y herramientas de denuncia de violaciones
  3. Los organismos dependientes de la administración deben reformarse para adecuarse a lo establecido en la Convención
  4. La sociedad civil debe asumir su papel y presionar y denunciar a las administraciones para que cumplan la Convención
  5. El dinero de los Fondos Europeos debería utilizarse para fomentar los valores de la Convención.
(1) Nótese que muchos casos vulneran más de un artículo. Así, la mayor parte de los casos de educación (Art. 24) afectan también a niños y niñas (Art.7) que supone un 36,6% del total de casos.
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