Los dos casos contemplados de violaciones de este artículo han tenido lugar en centros residenciales. En ambos, los asesinatos han sido cometidos por personal de estas residencias.

En el primer caso, tres menores de 3, 9 y 14 años fueron asesinados en un centro de acogida y atención a personas con diversidad funcional en la localidad vallisoletana de Boecillo; el centro, pertenece a la ONG Mensajeros de la Paz. La responsable del asesinato fue una trabajadora del centro.

El otro caso se trata del asesinato de una anciana a manos de su marido. La mujer fue arrojada por la ventana de la residencia en la que ambos vivían.

Hechos como este ponen de relieve las consecuencias de la violación del derecho a la vida en Comunidad (Artículo 19). Su incumplimiento obliga a estas personas a vivir internas, en situación de desamparo, atendidas por personas ajenas que pueden llegar a atentar contra su integridad física e incluso su vida.

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