La violación de muchos artículos de la Convención supone, en última instancia, una violación del derecho de la persona a vivir de forma independiente y a estar incluido en la comunidad en igualdad de condiciones. Las barreras arquitectónicas, la falta de accesibilidad a la información, la educación segregada, la discriminación en el empleo, el acoso y la trasgresión por motivo de diversidad, etc. suponen acciones coercitivas contra la autodeterminación de la persona y un impedimento a su independencia e inclusión.

Las políticas sociales actuales son más proclives a la educación excluyente y al encierro en residencias, son varios los casos (un 12,5%) denunciados en este ámbito. Educando en la exclusión, difícilmente podremos obtener el derecho a vivir en comunidad.

Además, durante el período 2007-2013 de gestión de los Fondos de Cohesión europeos y los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se han destinado en España más de 15.000.000 de Euros a la construcción y mejora de residencias, centros de día, centros especiales de empleo y centros de educación especial. No hemos encontrado entre las listas de beneficiarios un solo euro destinado a programas de inclusión educativa, asistencia personal o creación de empleo digno para fomentar la inclusión de las personas con diversidad funcional (11).

La responsabilidad de la gestión de estos fondos está derivada a las autonomías y son las administraciones públicas de cada región las que se encargan de distribuir el presupuesto proveniente de la Unión Europea.

Otro ejemplo de que las políticas sociales no favorecen la autonomía es el de los beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo, mayor de 18 años con una discapacidad superior al 65%, que pueden mantener la prestación mientras el hijo causante no pierda la condición de estar “a cargo”.

Por su parte, el Comité de la ONU de las personas con discapacidad, en su evaluación sobre la implementación de la Convención en la legislación española vigente, recomienda al Estado a asegurar la disponibilidad de un nivel adecuado de financiación para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de la libertad de elegir su residencia en igualdad de condiciones con los demás, accedan a una amplia gama de servicios en el hogar, en residencias y otros servicios comunitarios para la vida cotidiana, incluida la asistencia personal; y así disfruten de un alojamiento razonable para su mejor integración en la comunidad.

El Comité recomienda también al estado a ampliar el recurso de asistencia personal a todas las personas con discapacidad de conformidad con sus necesidades.

Nota

(11) Según datos extraídos de las listas de beneficiarios de los Fondos FEDER y Fondos de Cohesión durante el período 2007-2013.
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