Casi la mitad de las denuncias recopiladas este año tratan de la discriminación en la educación (48,6% de los casos recogidos). Un perfil ya detectado en el año 2010. Estos hechos representan una violación constante al colectivo más frágil (niños y niñas con diversidad funcional).

Los casos más frecuentes se dan en niños y niñas con diversidad que por imperativo judicial o administrativo, son excluidos de la educación ordinaria y obligados a incorporarse en centros de educación especial, donde son segregados y condenados a un sistema educativo discriminatorio. Los jueces, las administraciones, o ambos, aplican la ley como consideran, sentenciando a los niños y niñas y a sus familias a un sinfín de pugnas con la justicia y la administración por la readmisión de sus hijos en la enseñanza ordinaria. La administración, a través de sus informes, resoluciones y valoraciones, amenaza y coacciona a las familias y a los niños, a los que trata como meros objetos, atentando gravemente contra su dignidad. Los informes de evaluación se basan en lo que los niños no saben o no pueden hacer, por lo que no se acaba de entender el interés que tienen las administraciones en enviar a estos niños a los centros especiales, en lugar de respetar sus derechos humanos.

Las leyes vigentes dejan la puerta abierta a que la administración y los jueces decidan por el futuro educativo de los niños en contra de la voluntad de los padres y los derechos humanos del alumno.

Los padres deben entonces afrontar la elección de luchar en los tribunales, con el perjuicio y tiempo que eso lleva, o aceptar la violación de sus derechos constitucionales (Art. 27 de la Constitución Española) y los de sus hijos e hijas, además de una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

Las administraciones alegan la falta de recursos para hacer efectiva una educación inclusiva en las escuelas ordinarias mientras se siguen destinando ingentes recursos a la creación y mejora de más centros de educación segregada. A este respecto cabe resaltar la siguiente reflexión: “¿Es más “costosa” la educación inclusiva que la educación segregada en escuelas especiales? La respuesta rotunda es NO. Mantener un sistema de escuelas especiales segregadas es entre siete (7) y nueve (9) VECES más caro que implementar un buen sistema de educación inclusiva en escuelas comunes” (12).

“Un sistema de educación único integrado tiende a ser más barato que dos sistemas por separado ya que reduce los costos de dirección y administración. La experiencia ha demostrado que los niños con necesidades específicas de educación pueden ser fácilmente integrados en las escuelas y aulas ordinarias, siempre que haya un apoyo básico a su inclusión” (13).

Notas

(12) Luis G. BULIT GOÑI. . “Los derechos que vos matáis, gozan de buena salud. El concepto político-jurídico de Discriminación, en los derechos humanos de la discapacidad”.
(13) ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (NU-DAES), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Unión Interparlamentaria (UIP) Discapacidad. Manual para Parlamentarios, Ginebra 2007, pág. 91.
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