Las actuaciones más importantes del Estado durante este año han sido:

  • En el ámbito legislativo: la aprobación de la ley 26/2011, de 1 de Agosto; y el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
  • En el ámbito político: la comparecencia de la Delegación Española ante el Comité de la ONU de las personas con discapacidad con motivo de la revisión del proceso de implementación de la Convención en las leyes de nuestro país.

6.1.1. Actuaciones Legislativas

Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (16)

La pretensión de esta Ley era adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención.

Se han realizado modificaciones en 19 leyes, entre esta ley y su correspondiente Real Decreto, analizado posteriormente, se han modificado 32 de las 120 modificaciones necesarias contempladas en el análisis del CERMI y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (17).

En materia de igualdad y no discriminación, se modifican una serie de artículos (18), por los que: rediseñan las definiciones de igualdad y discapacidad; se incluye a los niños y niñas en las medidas de acción positivas para la no discriminación; se incluye la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios; y entre los apoyos complementarios admitidos, se añade el apoyo humano y de los animales otras formas de asistencia.
En materia de accesibilidad universal y sobre los plazos de cumplimiento de los ajustes razonables desde la entrada en vigor de la LIONDAU, se modifica lo siguiente:
  • Los proyectos sobre las infraestructuras de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos, promovidos por la Administración General del Estado, deberán incorporarán una memoria de accesibilidad.
  • En el plazo de 12 a 14 años, (antes 15 a 17), todos los entornos, productos y servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica cumplirán las exigencias de accesibilidad y no discriminación.
  • Los servicios de titularidad privada nuevos, y que concierten o suministren las administraciones públicas, deberán cumplir las normas de accesibilidad en el plazo de 7 a 9 años. Para el resto de bienes y servicios nuevos de titularidad privada, el plazo nuevo es de 10 a 12 años (antes 15 a 17).
  • En los bienes y servicios ya existentes, de titularidad pública, o bien privada que concierte o suministren las administraciones públicas, los ajustes razonables deberán realizarse en el plazo de diez a doce (antes doce a catorce). Para el resto de bienes y servicios ya existentes de titularidad privada, el plazo será de 12 a 14 años (antes 15 a 17).
En materia de sanidad, se modifican diversas leyes (19) de modo que se regula el derecho a la información y al consentimiento informado para que resulte accesible y comprensible para las personas con diversidad funcional.

En este ámbito conviene resaltar la falta de comprensión y convicción de la Convención del Gobierno que aprueba una modificación legal para desarrollar, entre otras actuaciones, “la promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes” (20). Esta modificación persiste en el trasnochado concepto de la “discapacidad” como una característica médica de la persona, vinculada exclusivamente a su salud. Con “avances” en los derechos humanos de este tipo se contravienen todos los principios y obligaciones del estado establecidos en la Convención (21).

En materia de empleo, se modifican diversas leyes (22) de modo que: en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a las plazas de formación sanitaria especializada, así como en el acceso al empleo público, se reserve, al menos, 7% para personas con diversidad.
En materia de vivienda, en el caso de las viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro (antes tres) por ciento con las características constructivas adecuadas para garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con diversidad (23).

Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (24)

El objetivo de este Real Decreto era adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención, en la línea marcada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

Para ello han realizado modificaciones únicamente en otros 13 Reales Decretos u Órdenes. Estas modificaciones consisten en:

  • Añadir la obligatoriedad de un plan de accesibilidad para la estaciones de tren, e incrementar de uno a dos el número mínimo de espacios para sillas de ruedas por tren (25).
  • Limitar la condición de obligatoriedad de la accesibilidad a las páginas de internet en las Administraciones públicas, a la existencia de una solución tecnológica que permita dicha accesibilidad (26).
  • Incluir medidas de protección para garantizar una mejor asistencia a las personas con diversidad funcional en situaciones de emergencia (27). Recomendar la previsión de protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia de las personas con diversidad funcional (28).Incluir cursos específicos de formación para destinados a garantizar la seguridad y protección de las personas con diversidad funcional (29).
  • Eliminar a “personas con discapacidad psíquica, los invidentes, los sordos y los mudos.” como incapaces o inhábiles para testificar en las escrituras notariales, cambiándolo por “las personas que no posean el discernimiento necesario para conocer, declarar o comprender” (30).
  • Especificar la prohibición de compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación de cualquier parte del cuerpo humano e indican que el trasplante de órganos se realizará en centros autorizados y el receptor dará su consentimiento previo por escrito, siendo debidamente informado de acuerdo a la ley. La información y el consentimiento deberán ser accesibles y comprensibles para las personas con diversidad funcional (31).
  • En los procesos de hemodonación se incluye la obligación de ofrecer la información en los formatos adecuados, de acuerdo a la ley, de manera que resulte accesible y comprensible para las personas con diversidad funcional (32).
  • Respecto a los ensayos clínicos con medicamentos, se señala la obligación de ofrecer la información y el consentimiento en los formatos adecuados, de acuerdo a la ley, de manera que resulte accesible y comprensible, y se arbitrarán medidas de apoyo para favorecer que pueda prestar su consentimiento por sí mismo. En caso de no tener capacidad jurídica para dar su consentimiento, adoptará la decisión su representante legal (33).

Esta nueva normativa ha sido sometida a consulta del Consejo Nacional de la Discapacidad y a informe del Consejo de Consumidores y Usuarios. Asimismo, se ha consultado a las Comunidades Autónomas.

Desde SOLCOM consideramos que estas nuevas Leyes son una mera pátina de modificaciones sin profundidad que retrasan el examen pormenorizado de toda la legislación española, tanto estatal como autonómica.

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención, fingió adaptar el Ordenamiento legal español a dicha Convención, que prevalece sobre todas las leyes españolas.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias de SOLCOM a los representantes políticos, es bien claro que se trató de una mera adaptación superficial y cosmética. La prueba de ello es que ni siquiera se adaptaron dos leyes capitales para los ciudadanos españoles con diversidad funcional: la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal (LEPAP), más conocida por su inciso final (Ley de dependencia), y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Merced a las carencias y lagunas de la LEPAP, en España se fomenta el internamiento de ciudadanos con diversidad funcional, en vez de fomentar su autonomía personal.

A causa de las escapatorias de la LOE y la mala fe de las administraciones educativas, a menudo con el estímulo de un profesorado acomodaticio y unos técnicos a su servicio, en España los niños con diversidad funcional son discriminados en su acceso a la enseñanza privada, ignorados en la enseñanza pública general y, por ello, abocados a su segregación en centros especiales de retención, lejos de sus lugares de residencia y familias. Esta infame, indigna e indecente actuación es más usual en el caso de niños con diversidad intelectual, psíquica y sensorial, reproduciendo así el negro círculo de la invisibilización y la exclusión social.

Por si esto fuera poco, persiste, especialmente en lo que afecta al ámbito de la salud, la confusión sobre el concepto y definición de la discapacidad establecidos en el artículo 2 de la Convención. Esta confusión contraviene a su vez los artículos 4 y 8 del mencionado texto jurídico.

Lejos de adoptar las reformas profundas ya propuestas por el CERMI y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (34), el Gobierno y las CCAA han seguido publicando decretos en el ámbito de la educación y de la promoción de la autonomía, que no se alinean con lo establecido en la Convención:

  • Resolución (35) de 3 de agosto de 2011
  • ORDEN 5/2011 (36), de 6 de junio, de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. [2011/6656]
  • Real Decreto 708/2011 (37), de 20 de mayo.
  • Real Decreto 570/2011 (38), de 20 de abril.
  • Real Decreto 175/2011 (39), de 11 de febrero
  • Resolución de 18 de enero de 2011 (40)
Por consiguiente, SOLCOM exige una adecuación norma por norma de todo el Ordenamiento español a la Convención, para acabar de una vez con la lacra de la opaca violación de los ciudadanos con diversidad funcional, comenzando dicha adecuación por la LEPAP y la LOE.

6.1.2. Evaluación de la implementación de la Convención ante el Comité de la ONU al Estado Español.

La Delegación Española compareció ante el Comité de la ONU de las personas con discapacidad con motivo de la revisión del informe inicial de España sobre la implementación de la Convención. La delegación estaba formada por miembros del Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo e inmigración, Ministerio de Justicia, y Ministerio de Sanidad, Política e Igualdad. El jefe de la Delegación hizo sus observaciones preliminares sobre las medidas adoptadas por España para la aplicación de la Convención. Por su parte el Comité hizo al Estado Español varias recomendaciones.

Recomendaciones de la ONU al estado Español:

Tras estudiar el informe inicial presentado y la comparecencia de la Delegación española, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un informe con sus Conclusiones en virtud del artículo 35 de la Convención y las Observaciones finales y recomendaciones. El documento está en el anexo III de este informe. Destacamos aquí las recomendaciones más relevantes.

Artículos 1 y 4: Principios generales y obligaciones: El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas concretas para: asegurar la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos públicos de toma de decisiones. El Comité recomienda al Estado Parte la abolición de la distinción a cerca del período permitido por la ley dentro del cual se puede interrumpir un embarazo, basándose únicamente en una discapacidad.

Artículo 6: Las mujeres con discapacidad: que elabore y desarrolle estrategias, políticas y programas, especialmente en el campo de la educación, el empleo, la salud y la protección social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y las niñas con discapacidad en la sociedad, y para combatir la violencia contra ellas.

Artículo 7: Niños y niñas con discapacidad: que Incremente los esfuerzos para promover y proteger los derechos de los niños con discapacidad, y lleve a cabo investigaciones sobre la violencia contra los niños con discapacidad, adopte medidas para erradicar la infracción y violación de sus derechos.

Artículo 8: Sensibilización: que adopte medidas proactivas para mejorar el conocimiento de la Convención y su Protocolo Facultativo.

Artículo 9: Accesibilidad: que se proporcionen los recursos financieros y humanos asignados tan pronto como sea posible para implementar, promover y vigilar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad.

Artículo 10: Derecho a la vida: que asegure que el consentimiento informado de todas las personas con discapacidad está garantizado en todos los asuntos relacionados con el tratamiento médico, especialmente la retirada del tratamiento, de la nutrición u otras formas de soporte vital.

Artículo 12: Igual reconocimiento ante la ley: que el Estado Parte revise sus leyes que permiten la privación de libertad por motivos de discapacidad, incluida la mental, psicológica o intelectual y revoque las disposiciones que autorizan el internamiento involuntario relacionado con una discapacidad aparente o diagnosticada; y adopte medidas para asegurar que los servicios de salud, incluyendo todos los servicios de salud mental, se basen en el consentimiento informado del interesado.

Artículo 19: Vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad: alienta al Estado Parte a ampliar el recurso de asistencia personal a todas las personas con discapacidad de conformidad con sus necesidades.

Artículo 24: Educación: reitera que la denegación de ajustes razonables constituye una discriminación y el deber de realizar los ajustes razonables es de aplicación inmediata y no es susceptible de realización progresiva. Recomienda al Estado Parte a:

  1. Incrementar sus esfuerzos para realizar los ajustes razonables en educación, la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para aplicar el derecho a la educación inclusiva,
  2. Asegurar que la decisión de derivar a los niños con discapacidad a una escuela especial o a clases especiales, o de ofrecer únicamente un programa de estudios estándar reducido, es tomada bajo consulta con los padres;
  3. Asegurar que los padres de niños con discapacidad no estén obligados a pagar por la educación o por las medidas de ajustes razonables en las escuelas regulares;
  4. Asegurar que las decisiones sobre la derivación de los niños a ambientes segregados pueden ser recurridas de manera rápida y eficaz.

Participación del Sector social ante la ONU

El CERMI compareció en Ginebra ante el Comité de derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, en su sexta sesión de evaluación en la que el Comité se dedicó a la revisión del informe inicial de España sobre la implementación de la Convención.

El presidente de CERMI destacó como puntos principales de incumplimiento de la Convención en España: las violaciones del artículo 12 en el ejercicio de la capacidad legal, el internamiento forzoso de personas con diversidad psicosocial, la esterilización forzada de mujeres y niñas con diversidad, la privación del derecho de voto para las personas con diversidad funcional, la falta de libre elección de las familias sobre el tipo de educación para sus hijos, el no garantizar el derecho a una vivienda adecuada, la insuficiente presencia de mujeres y niños con diversidad funcional en las políticas generales y la falta de implementación de la CDPD por comunidades autónomas.

También SOLCOM y Mental Disability Advocacy Center (otra entidad independiente húngara) presentaron conjuntamente un informe alternativo al oficial del gobierno y al del CERMI, con el objetivo de hacer oír nuestras voces. Dicho informe fue tenido en cuenta y el relator especial, para abordar la situación en España, quiso escuchar los argumentos de SOLCOM, representada por Mónica Sumay y María Galindo. Ambas dejaron muestras de las continuas violaciones de derechos humanos fundamentales que cometen con impunidad las administraciones autonómicas y estatales, fomentando la segregación escolar, la falta de promoción de la autonomía personal, los malos tratos en residencias, trabajo o accesibilidad universal, entre otros temas.

(16) Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Descargar la Ley.
(17) Informe sobre El impacto de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Ley 39/2006. Descargar el Informe.
(18) Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
(19) Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y transplante de órganos
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
(20) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(21) Observese que si, por ejemplo, se tratara de los derechos de las personas con diferente orientación de género, no parece pertinente que el Ministerio de sanidad desarrolle “la promoción, extensión y mejora de los sistemas de detección precoz de discapacidades y de los servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes”
(22) Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(23) Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
(24) Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Descargar el Real Decreto.
(25) Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
(26) Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
(27) Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
(28) Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear.
(29) Real Decreto 1123/2000, de 16 de junio, por el que se regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante desastres
(30) Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944
(31) Real Decreto 2070/1999 de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos
(32) Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión
(33) Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos
(34) Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Descargar el informe.
(35) Resolución de 3 de agosto de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre determinación del contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal dirigidos a las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I
(36) ORDEN 5/2011, de 6 de junio, de la Consejería de Bienestar Social, de modificación de los artículos 4 y concordantes de la Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del Programa de Atención a las Personas y a sus Familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Valenciana. [2011/6656] (37) Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas
(38) Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011
(39) Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia
(40) Resolución de 18 de enero de 2011 de la Dirección General de Personas con Discapacidad, por la que se actualiza el coste de las plazas concertadas y convenidas con centros para personas con discapacidad.
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