Las administraciones públicas disponen de una serie de organismos que, en teoría y al aprobarse la Convención, deberían haberse puesto al servicio de su cumplimiento y su implementación a través de las leyes españolas, algo que todavía no ha ocurrido.

6.2.1. Defensor del pueblo

El Defensor del Pueblo ha editado su informe anual con las quejas o actuaciones de oficio que recibe, incluyendo las de las personas con diversidad funcional. Da cuenta y razón de los resultados de sus indagaciones mediante la exposición de las propuestas que realiza con vistas a facilitar, en lo posible, la superación de las disfunciones advertidas.

El Defensor del Pueblo, a partir del nuevo Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención, ejerce junto con el CERMI las funciones de órgano de seguimiento para promover, proteger y supervisar en España la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En 2010, período del que surge su último informe, muchas de las quejas recibidas están directa o indirectamente relacionadas con la adversa coyuntura económica general. Se analizan casos relacionados con los siguientes temas:

  • Situación de los presos con discapacidad.
  • Accesibilidad de las viviendas de protección oficial.
  • Regulación de los ajustes razonables para facilitar a las personas con diversidad funcional el acceso a la educación, más concretamente, el acceso a la educación universitaria.
  • El ingreso y permanencia de personas con diversidad mental e intelectual en centros psiquiátricos, cuando en realidad precisan una estructura asistencial distinta.
  • Procedimientos de valoración del grado de discapacidad.
  • Accesibilidad al empleo público.
  • Política de prestaciones sociales.
  • Falta de Accesibilidad en instalaciones, transportes públicos, establecimientos de ocio, etc., así como la eliminación de barreras arquitectónicas.

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha afirmado que, para que nuestra Ley de Igualdades de Oportunidades y la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sean “meras declaraciones de principios”, resulta “necesario” un régimen sancionador “eficaz”, “que sólo la Comunidad Foral de Navarra lo ha regulado en su territorio”.

6.2.2. Consejo Nacional de la discapacidad y su Oficina Permanente

El Consejo Nacional de la Discapacidad, es un organismo cuya función es la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. No recoge ni analiza casos de violaciones. En materia de derechos hemos encontrado en su web la colección de libros: “Capacidad Jurídica y Discapacidad: un estudio de Derecho Privado Comparado a la luz de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con discapacidad”. Es un proyecto a cargo de la Fundación Tutelar de Extremadura (FUTUEX), la Fundación del Consejo General del Notariado para la ayuda de las personas necesitadas de especial protección (Fundación Æquitas) y la Fundación Academia Europea de Yuste (FAEY), en el marco del Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos.

Por su parte, la Oficina Permanente Especializada (OPE) es una plataforma que se dedica a recopilar, estudiar y analizar las consultas, quejas o denuncias en materia de discriminación por razón de diversidad funcional. Su informe anual es presentado ante la Comisión Permanente del Consejo. El número de consultas o quejas que se han tramitado como expedientes informativos a lo largo de 2010 han sido 238, de las cuales 123 son quejas y 115 consultas para asesoramiento.

Número de expedientes según los ámbitos de actuación de la LIONDAU
Ámbito de actuación Número de expedientes
Telecomunicaciones y sociedad de la información 30
Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación 37
Transportes 10
Bienes y servicios a disposición del público 25
Relaciones con las administraciones públicas 121
TOTAL 223

En el informe SOLCOM 2010, se observa la ausencia de documentación pública de la OPE, por lo que nos congratula la publicación de este informe (41).

6.2.3. Foro Justicia y Discapacidad

El Consejo General del Poder Judicial creó el Foro Justicia y Discapacidad en diciembre del 2003, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los Derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En particular el Foro tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas discapacitadas a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica – hacer normal lo que debería ser normal en la sociedad del siglo XXI -.

Está conformado, además de por el propio Consejo, por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas), el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España, y en el año 2008 se incorporó el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales. A fin de conocer mejor los problemas con las que se enfrentan las personas discapacitadas en su acceso a la justicia, se acordó incorporar al Órgano Rector del Foro a algunas de las principales Asociaciones representativas, lo que se concretó en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI- y e en la Fundación ONCE. También se han incorporado a lo largo de estos años diversos expertos que han prestado su colaboración en el día a día del Foro Justicia y Discapacidad (Diputados del Congreso, Magistrados, Fiscales…).

El Foro ha impulsado la creación de un Servicio de Orientación Jurídica a discapacitados y familiares, y en este sentido, merece especial mención la firma del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para la prestación del servicio de orientación jurídica específica destinada a las personas con discapacidad.

Se desconoce el grado de implicación de este Foro en la denuncia de violaciones de derechos. De igual modo que no ha sido posible encontrar en Internet ningún informe público de violaciones del servicio de orientación jurídica específica destinada a las personas con discapacidad.

En el año 2011 ha publicado Guía de buenas prácticas sobre el acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad (42).

6.2.4. Real Patronato sobre la discapacidad

El Real Patronato sobre discapacidad es un organismo que se define como “Un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que tiene como misión promover la prevención de deficiencias, la rehabilitación y la inserción social de las personas con discapacidad”. Por su falta de actuación parece ignorar que se haya aprobado la Convención y mantiene unas funciones propias del trasnochado modelo médico, que quedan desbancadas por la Convención. Tienen un punto de vista muy superficial respecto a los problemas reales de discriminación y la falta de inclusión. Si bien promocionan la accesibilidad, lo hacen desde un enfoque meramente técnico y arquitectónico, promocionando la eliminación de las barreras “visibles” contra la discriminación.

(41) Informe de la Oficina Permanente Especializada. Descargar el documento
(42) Guía de buenas prácticas sobre acceso y tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Descargar el documento.
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