De los casos recopilados, éstos son los siguientes aspectos numéricos más relevantes:

  1. El artículo más vulnerado es el artículo 24 (Educación), que representa el 48,6% de los casos, seguido por el artículo 7 (Niños y niñas) (48) , con el 36,1%, y muy de lejos por el artículo 9 (Accesibilidad), que representa el 22,2%. Es preciso señalar que esas cifras no comportan una valoración cualitativa.
  2. La Comunidad Autónoma en la que se han producido más denuncias ha sido Andalucía (18%), seguida de Comunidad Valenciana (15%). Conviene resaltar que, de momento este dato no indica más o menos violaciones, sino mayor o menor constatación de denuncias.
  3. Se mantiene el número de casos en los que son las propias personas con diversidad funcional las denunciantes. En los casos de educación son los padres y madres de las personas discriminadas por su diversidad funcional las que denuncian la situación de sus hijos.

Además de los datos de violaciones, existen otras informaciones en este documento y teniendo en cuenta todo ello podemos extraer las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. En España, a pesar de los superficiales cambios hechos por el gobierno persiste el conflicto entre la legislación y la Convención.

Se producen gran número de violaciones ocasionadas por la existencia de un conflicto entre la legislación española y la Convención: este es el caso de la LEPA, cuyas regulaciones no permiten a las personas con diversidad disponer de la asistencia personal necesaria para disfrutar del derecho a una vida independiente; el aborto eugenésico permitido por el artículo 15 de la Ley 2/2010 de 3 de marzo sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo; la Ley Orgánica de Educación, que no evita la segregación obligatoria de niños y niñas con discapacidad por falta de recursos en los centros de educación ordinarios; el sistema de incapacitación judicial regulado en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyas previsiones permiten privar del derecho a voto, la esterilización forzosa (artículo 156 del Código Penal) o el acceso a la justicia, puesto que las personas con diversidad funcional pueden ver limitada su capacidad procesal para demandar o querellarse por sentencia judicial.

2. En España se excluye y discrimina desde temprana edad

La Educación junto con el amparo a las niñas y los niños, es el ámbito en el que mayor número de denuncias se han presentado y, probablemente en el que mayor número de violaciones haya. Este dato es preocupante y sintomático y contribuye a pintar un oscuro panorama para el futuro del respeto a los DDHH en España. Difícilmente se dejará de excluir y discriminar en un futuro a quien sufre la segregación desde pequeño; y difícilmente se cambiará la mentalidad social si se segrega evitando la convivencia desde la infancia. La exclusión en la escuela implica educar a las generaciones futuras en un modelo que perpetúa la discriminación y contraviene los Derechos Humanos.

3. La respuesta de las administraciones de todo Estado, y de la sociedad civil ante a casos graves de violación es alarmantemente inexistente.

Este año se han producido varios casos gravísimos de violación y atentado contra la integridad física, la vida y la seguridad de las personas con diversidad funcional. Este año ha vuelto a producirse el asesinato de personas inocentes a manos de trabajadores de centros residenciales. Ante estos hechos la respuesta de las administraciones ha sido nula, no se ha adoptado una sola medida reglamentaria para asegurar y velar por la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad. Nos encontramos ante una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado.

4. Gobiernos y administraciones de todo el Estado siguen y desean seguir violando los derechos humanos de las personas con diversidad funcional.

Se siguen promulgando leyes de educación que vulneran la igualdad establecida en la Convención y de la que es responsable.

Se continúan aprobando decretos incompatibles con la Convención que no permiten que las personas disfruten de su derecho a una asistencia personal y a una vida independiente y normalizada.

Se continúa construyendo e inaugurando residencias, centros de educación segregada y centros especiales de empleo con dinero público, mientras que las administraciones niegan los ajustes razonables para facilitar la vida independiente y la inclusión educativa alegando la falta de recursos.

5. Los organismos de la administración y la sociedad civil apenas se mueven en defensa de las personas con diversidad funcional.

A pesar del aumento de instituciones que observan y analizan, publican informes sobre la Convención, etc. siguen siendo muy escasas las que luchan activamente para defenderla.

Ante la actitud de los gobiernos y administraciones públicas, deberá ser la sociedad civil, en la línea de lo que hace SOLCOM, quien persiga su cumplimiento, ampliando el apoyo a las personas y entidades que deseen denunciar violaciones.

6. Tanto el Comité de la ONU, como el CERMI y SOLCOM, convergen en sus demandas al gobierno español.

A nivel internacional y a nivel nacional, tanto Naciones Unidas como el CERMI y SOLCOM, mantienen posturas comunes sobre lo que el Gobierno español debería hacer para desarrollar la Convención en España y garantizar los derechos humanos del colectivo de personas discriminadas por su diversidad funcional. A pesar de ello, todos tanto el gobierno central como los autonómicos parecen ignorar estas posturas.

(48) Nótese que muchos caso vulneran más de un artículo. Así, la mayor parte de los casos de educación (24) afectan a niños y niñas (7).
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