Cabe señalar lo siguiente:

1.- La Constitución reconoce en su Art. 38 la libertad de Empresa y de Mercado pero tal libertad debe ser compatible con el Derecho a la Salud de los ciudadanos (Art. 43), con la salvaguarda de los derechos de los consumidores (Art. 51), el respeto al medio ambiente (Art. 45), el derecho a una vivienda digna (Art. 47) y la vida familiar (Art. 39), sabiendo, además, que toda la riqueza del país debe estar orientada al bien común (Art. 128)

Este equilibrio ideal es seguro que no llegó a darse nunca en plenitud pero, en algún momento, parecía que nos acercábamos.
Al desatarse la crisis se multiplicaron los abusos. Los ciudadanos pensaron que sus gobiernos les defenderían, frenarían las propuestas de reducción de sus derechos, de sus salarios, de progresivo desmantelamiento de un Estado de Bienestar cuya consecución había costado dos guerras mundiales. Pero no fue así, los gobiernos se aliaron con “los mercados”, asumieron sus directrices y se pusieron a su disposición
bajo la justificación pretendida, machaconamente repetida de que “no hay otra solución”, “no se puede hacer otra cosa”.
La mera amenaza de “la intervención” doblegó gobiernos y parlamentos.
Muchos ciudadanos seguían esta deriva con estupor.

El punto más álgido de este proceso se produjo con la reforma de la Constitución, gestada en el mes de Agosto de 2011, que dio lugar a la reforma de su Art. 135 con fecha 27 de Septiembre de 2011.
Resulta difícil conciliar la lectura de los Arts. 128 y el reformado Art. 135 de la Constitución. Representan opciones contrarias.

El Art. 128, que supone el cierre de bóveda del sistema económico de la Constitución dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y se cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general.

El Art. 135 allana el camino para la subordinación de toda la riqueza del país al preferente interés de unos pocos, precisamente de aquéllos que estuvieron en la génesis del problema.
No cabe mayor injusticia.

Este sometimiento hace que los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, proclamados por la Constitución en su Art. 1 (Libertad, Justicia, Igualdad, y Pluralismo Político) se resquebrajen y diluyan, arrastrando a su paso lo que constituye el faro, la esencia y la piedra angular de aquélla, expuesto y proclamado en su Art. 10-1:

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son el fundamento del orden y de la paz social.

Sobre el marco legal expuesto y pasando de lo difuso a lo concreto para centrar la cuestión, tengo que decir que:

PRIMERO:

  • No todo el mercado financiero es injusto.
  • No todas las entidades financieras han tenido la misma conducta.
  • No todas han reaccionado igual ante las consecuencias de la crisis.

SEGUNDO:

Mis críticas mayores no van dirigidas a los dirigentes de los sistemas financieros amorales e insaciables que hicieron de la especulación delirante su seña de identidad, sino a los gobernantes que lo propiciaron desmontando los órganos de control o haciéndolos permanecer pasivos cuando la deriva de las cosas era conocida y aún cabía poner algún remedio.
En este sentido, la carta dirigida con fecha 26 de Mayo de 2006 por la Asociación de Inspectores del Banco de España al Sr. Solbes, en ese momento Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, es bien elocuente respecto de lo que quiero decir. (El lector interesado puede encontrar en el mercado un buen número de libros que ahondan en esta cuestión).
Digo que mis críticas mayores se centran en este ámbito porque los mercados financieros no son “función pública” mientras que nuestros gobernantes, sí.

Lo cierto es que todo este conjunto de cosas han producido una enorme infelicidad social.
Suelo decir que a nuestra Constitución le faltó formular explícitamente el derecho más importante o quizás, el más explicativo, cual es el “derecho a tener la oportunidad de ser feliz”.
El concatenado de decisiones claramente favorecedoras de los intereses del sistema financiero está causando sufrimiento en una parte muy amplia de la población y dificultando mucho la consecución de este derecho que, aunque no expresamente formulado, es profundamente anhelado por todas las personas sin excepción.

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