Frente a este estado de cosas, ¿Qué papel le corresponde jugar a la Administración de Justicia?

Es importante, en primer lugar reflexionar sobre el nombre

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Bello nombre, pero equívoco.
La Justicia no acude a los Tribunales lo mismo que la salud no acude a los Hospitales.
La Justicia vive fuera, en todos los compromisos que se cumplen, en todas las normas que se respetan, tanto mejor si se aceptan con convencimiento de su bondad.

Lo que a los Tribunales compete es:

LA ADMINISTRACIÓN DE REPARACIÓN DE LA INJUSTICIA

Es más, solo una parte de las injusticias, las que se comenten “contra la ley”, pues existen injusticias legales que los Jueces y Tribunales tienen que soportar si bien, como más adelante señalaré, no tienen por qué hacerlo acríticamente.

La reparación de la injusticia es tarea ingrata pues, en primer lugar, no siempre es posible y, cuando es factible suele ser parcial y tardía.
Entre la reparación de la injusticia que anhela el ofendido (“justicia del corazón”) y la que los Tribunales están en condiciones de dar, puede mediar un abismo.
La reparación que anhela el ofendido es “emocional “, “pronta” y “completa”, mientras que la reparación de los Tribunales, en el mejor de los casos, se producirá, como ya se ha señalado en fecha muy alejada del agravio.
El Abogado debe ser el intérprete que traduzca y haga caer en la cuenta al cliente de esta dolorosa realidad, para que tome sus decisiones con “conocimiento de causa”.

Y ¿Qúe hacer frente a las leyes injustas?

La gente común queda perpleja cuando se le coloca frente a esta realidad y preguntan ¿Cómo es posible que existan leyes injustas en los países democráticos? ¿Cómo ha podido ocurrir esto?

Por el juego de las relaciones de poder.

En la Edad Media el “mercado” era institución perfectamente definida y controlada.
La posibilidad de celebrar “mercado” era una concesión que el Rey hacía a una localidad a la que quería premiar o favorecer por los servicios prestados.
En el año 1944 el científico social y economista húngaro Karl Polanyi en su obra titulada “La gran transformación”, advertía de modo profético que “el mercado” estaba empezando a desbordar su espacio tradicional y comenzaba a colocarse por encima de las familias y después lo haría sobre los mismos Estados, hasta llegar a convertirse en un tirano global, sin escrúpulos.

Esta profecía comenzó a hacerse realidad en la década de los 70 del pasado siglo.Desde entonces los mercados dictan las normas por lo que puede decirse que desde ese momento es el mercado el que quita y pone al Rey.

El ciudadano ha visto cómo la soberanía del Estado era entregada a estos despiadados actores guiados únicamente por un ansia de lucro desenfrenado.
Estos poderosos “Lobbys” han influido en los gobernantes y han logrado que se legisle a su favor, a favor de unos pocos, dando lugar a legislaciones claramente injustas.

En suma, no es a los jueces a quienes corresponde derogar las leyes injustas, sino a los parlamentarios, a los representantes de la soberanía nacional y a los gobiernos dentro de sus respectivas competencias.

¿Lo están haciendo?

En mi opinión, de modo muy tímido.

Cuando la crisis golpeó a la sociedad española (especialmente a algunos de sus sectores) y se hizo visible la tremenda injusticia que este hecho representaba, surgió en la opinión pública un indignado grito pidiendo “justicia” y algunos brotes de rebelión.

El Gobierno se vio atrapado entre dos tensiones:
De un lado, lo que le pedían los “lobbys”
De otro, lo que le pedían los indignados ciudadanos.

El Gobierno ha optado por la siguiente estrategia: Promulgar una multitud de Decretos-Leyes que se anunciaba vendrían a paliar los problemas y a mejorar la situación de los más desfavorecidos pero que, cuando se leían con detenimiento, se comprobaba que contenían reformas o medidas “nada inquietantes” para los intereses de los grandes “lobbys”.
Se ha producido un hecho llamativo en torno al tema de los “desahucios”.
El Gobierno Central promulgó un Decreto con medidas muy tímidas.
Por su parte, el Gobierno Andaluz promovió otro Decreto con medidas un poco más audaces (expropiación temporal a los Bancos de la facultad de uso de viviendas procedentes de adjudicación por impago de hipotecas).
Este Decreto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Central.
El Gobierno de Andalucía respondió (25-IX-2013) aprobando una “Ley antidesahucios”
de mayor calado y contenido que el anterior Decreto.
Es previsible que el Gobierno Central la impugne también ante el Tribunal Constitucional quizás porque tanto el Fondo Monetario Internacional como algunos organismos comunitarios habían mostrado su inquietud por la medida.

Pero dejemos a Parlamentarios y Gobernantes enfrascados en sus contiendas y pasemos a preguntarnos

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