El Art. 117 de la Constitución proclama que:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

A.- Deben aplicar la ley lo cual exige interpretarla

La interpretación no es una “facultad”, es una “obligación”.
La interpretación de las leyes debe hacerse conforme a los ya examinados criterios legales recogidos en el Art. 3 del Código Civil.

B.- Pueden cuestionar la adecuación de la Ley a la Constitución o al derecho comunitario

El Juez español no tiene la obligación de acatar ciegamente la ley, puede cuestionarla, cuando considera que es contraria a la Constitución o al Derecho Comunitario esencial contenido en los Tratados.

No son escasos los Jueces que plantean “cuestiones de inconstitucionalidad” para su decisión por el Tribunal Constitucional y algunos se han atrevido a plantear “peticiones de decisión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así lo hizo, por ejemplo, el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, lo que dio lugar al pronunciamiento de fecha 14 de Marzo de 2013 del aludido Tribunal, que declara la inadecuación de la legislación española en materia de ejecución hipotecaria a la legislación comunitaria, en concreto a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, obligando al gobierno a tomar la iniciativa que conduciría a la “Ley 1/2013 de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”.
Cosa distinta es si tal Ley ha venido a corregir suficientemente la falta denunciada falta de sintonía.

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