La resistencia en la vida real

Aunque el discurso de la educación inclusiva basada en los derechos domina la narrativa global (Whitburn & Thomas, 2021) y hay ejemplos de desarrollos notables en algunos países (UNESCO, 2020b), más de 15 años después de que la educación inclusiva fuera proclamada como un derecho humano fundamental, y tras décadas de investigación que apoyan su desarrollo, este sigue siendo uno de los mayores desafíos para los sistemas educativos de todo el mundo. A pesar de la obligación legal de los Estados de proporcionar un sistema educativo inclusivo y accesible para todos los estudiantes, millones de niños con y sin discapacidad en todo el mundo siguen siendo excluidos de la educación. Experimentan discriminación en las escuelas y/o segregación en las clases o en las escuelas de educación especial, en el caso de los estudiantes con discapacidad (Calderón-Almendros, 2018; Calderón-Almendros et al., 2020; de Beco, 2014; Isaacs, 2020; Slee, 2018; UNESCO, 2020a, p. 202; Waddington & Toepke, 2014), o en escuelas «gueto», debido a la alta concentración de estudiantes de grupos sociales de bajos ingresos (Murillo & Martínez-Garrido, 2018). La educación inclusiva sigue asociada a los alumnos con discapacidad y no se ha cuestionado suficientemente el concepto de «necesidades educativas especiales», que aún prevalece en gran parte de la lógica institucional en las escuelas. Por el contrario, se ha fortalecido una «industria de las NEE» (Tomlinson, 2012). Lamentablemente, estos programas, instituciones y profesionales especializados han conducido a menudo a una mayor exclusión (UNESCO, 2005). Dos estudios pioneros realizados por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2017, 2020) en España muestran una violación sistemática del derecho a la educación. La pregunta es obvia: ¿cuántos países que han ratificado la convención la desobedecen?

Llegados a este punto, cabe preguntarse si vamos por mal camino. Hemos reconocido que se trata de una responsabilidad colectiva, como afirmaban Slee (2018) y Allan (2015)? La apuesta por la educación inclusiva es una lucha por el derecho a la educación de los niños y jóvenes, que debería garantizar un sistema más justo y equitativo (Kenworthy y Whittaker, 2000). Esto debería implicar el cese de los supuestos, prácticas, herramientas y políticas que privilegian a algunos grupos de estudiantes y perjudican a otros en nuestros sistemas educativos (Skrtic, 1995). ¿Cuánto tiempo más tardarán nuestros sistemas educativos en enfrentarse a esta situación?