La Junta de Andalucía discrimina y expulsa a los jóvenes con diversidad funcional de la formación profesional básica

Desde SOLCOM hemos tenido conocimiento que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de la orden de 9 junio 2015 por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de formación profesional básica. Se va a expulsar a alumnos con diversidad funcional que tengan 21 años o más, contraviniendo claramente las normas y el articulado de la propia orden. Así como la Ley de educación y la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad).

Dicha orden en su artículo 5 punto 4. establece: 4. El alumnado con necesidades educativas especiales propuesto para su incorporación a un Programa específico de Formación Profesional Básica debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas.”

De la misma manera en el artículo 13 se puede leer: Artículo 13. Convocatorias.

3. El alumnado de Programas Específicos de Formación Profesional Básica podrán repetir cada uno de los cursos dos veces.

Pero por su parte el mismo artículo 13 establece: 3. …/ que no se supere la edad de veintiún años, establecida en el artículo 74.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Es decir, si se permite el ingreso a aquellos que no superen los 19 años y pueden repetir cada uno de los cursos dos veces. Parece del todo punto incoherente y discriminatorio que a los 21 años tengan que abandonar los cursos. Cómo es posible semejante disparate que va a dejar fuera del sistema educativo a numerosos chicos que han ido superando las diferentes etapas educativas acorde con el modelo imperante, para que a la hora de culminar esos estudios sean expulsados sin poder terminarlos.

La orden de 9 de junio de 2015 contemplaba para los cursos 2014/2015 y 2015/2016 y no 2016/2017 por lo tanto se ha intentado hacer una regulación de forma poco transparente y sin ningún tipo de información a los padres, que además contraviene claramente los derechos fundamentales de aquellos alumnos que funcionando de manera diferente tienen un ritmo distinto, pero el derecho a acabar sus estudios aunque suponga invertir más tiempo en ello.

Desde SOLCOM queremos denunciar esta nueva discriminación hacia las personas con diversidad funcional, aquellos que son más vulnerables y por tanto necesitan más apoyos desde la administración. Una vez más se demuestra que no hay voluntad de trabajar por la verdadera inclusión social, que pasa por desarrollar planes educativos exclusivos que formen a las personas para él posterior desarrollo en la sociedad.

Manifestamos nuestro compromiso con los derechos de estos alumnos y con todos los padres de los mismos, emprenderemos cualquier acción incluida la vía judicial para preservar y defender dichos derechos.

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