Manifiesto de apoyo y petición de retirada del procedimiento penal iniciado contra Alejandro Agustín Calleja Lucas y Lucía Loma Luis.

El abajo firmante, Ignacio Campoy Cervera, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de dicha Universidad, el pasado mes de junio decidí sumarme a las iniciativas que desde hace mucho tiempo viene promoviendo la organización SOLCOM a favor de los padres de Rubén, Alejandro Agustín Calleja Lucas y Lucía Loma Luís, redactando el “Manifiesto de apoyo y petición de finalización del procedimiento penal iniciado contra Alejandro Agustín Calleja Lucas y Lucía Loma Luis”, que se adjunta y que pasé a otros compañeros del citado Instituto de Derechos Humanos para que pudiesen aunarse a dicha petición.


Rubén es un niño que, hasta el curso escolar 2009/2010, había podido educarse en un colegio ordinario, de manera satisfactoria y plenamente integrado con sus compañeros y compañeras, pudiendo ejercitar su derecho a la educación en igualdad de condiciones mediante el acceso a los apoyos necesarios para atender adecuadamente a las necesidades educativas especiales que se relacionaban con su Síndrome de Down.

Sin embargo, en el curso escolar 2009/2010 y en el siguiente, 2010/2011, Rubén empezó a sufrir rechazo y malos tratos físicos, verbales y morales por parte de algunos de sus profesores y tutores, lo que inevitablemente supuso un cambio de su experiencia vital y educativa.

La nueva situación pretendió solucionarse por parte de la administración educativa con una Resolución de la Directora Provincial de Educación en León, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se acordaba autorizar la matriculación del menor en un Colegio de Educación Especial.

Frente a esa Resolución administrativa, los progenitores de Rubén, Alejandro Calleja y Lucía Loma, han utilizado todas las vías legalmente establecidas para intentar defender el derecho de su hijo a tener una educación en igualdad de condiciones en un colegio ordinario.

Sin embargo, tanto la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo N. 1 de León como la de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazaron que se hubiese vulnerado el derecho de Rubén a la educación en igualdad de condiciones con los demás niños, que hay que entender reconocido conforme a los artículos 14 y 27 de la Constitución española, y que cabe entender como el derecho a la educación inclusiva, que reconoce el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que forma parte de nuestro Ordenamiento jurídico desde 2008 y es plenamente exigible ante los tribunales de justicia-. Y el 31 de marzo de este año, la Sección Tercera de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Constitucional decidió que ni siquiera tenía que admitir a trámite el recurso de amparo promovido por los padres de Rubén, dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo.

Todo este proceso ha sido doloroso para Rubén y para sus progenitores, pero éstos siempre han procurado que fuese lo menos traumático posible para Rubén. Para ello han utilizado las vías legalmente establecidas para intentar defender el derecho de su hijo a tener una educación en igualdad de condiciones en un colegio ordinario, y aunque no hayan podido ejercitar ese derecho, tampoco han querido que Rubén sufriese las consecuencias que se habrían de producir si ellos dejasen de defender lo que consideran el derecho de su hijo. Es decir, no han querido que su hijo tuviese que recibir esa educación segregada en un colegio especial, que para la administración es la única a la que tiene derecho Rubén debido a su Síndrome de Down.

El padre y la madre de Rubén, como también los padres y madres que han decidido que sus hijos sean educados en un Colegio de Educación Especial, han luchado y luchan por defender la mejor educación posible para sus hijos. Ningún camino es fácil. Los progenitores de Rubén han optado por seguir el largo y costoso (económica y emocionalmente) camino de la defensa legal y judicial del derecho a la educación inclusiva de su hijo, y asumir personalmente, con la ayuda de distintos especialistas, la educación de Rubén.

Hasta ahora, los progenitores de Rubén no han obtenido la debida protección jurídica en la defensa de los derechos de su hijo, pero el pasado mes de mayo la situación ha empeorado al iniciarse de manera formal un procedimiento penal contra ellos. En el auto del Juzgado de Instrucción N. 3 de León, de veintitrés de mayo de 2013, se ha decretado la apertura de juicio oral, teniéndose por formulada la acusación contra el padre y la madre de Rubén por el delito de abandono de familia, requiriéndoseles, incluso, la fianza de 2.400 € de cada uno de ellos para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran finalmente serles impuestas.

Ante esta situación, diferentes organizaciones, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se han dirigido al titular de la jefatura de la Fiscalía provincial de León y al Fiscal General del Estado instando al Ministerio Público a que renuncie a ejercer la acción penal contra los padres de Rubén. Los abajo firmantes, miembros del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, queremos aunarnos a dicha petición, manifestando públicamente nuestro apoyo a Rubén y a sus progenitores en su lucha a favor del derecho a una educación inclusiva.

  1. Ignacio Campoy Cervera.
  2. Francisco Javier Ansuátegui Roig.
  3. Oscar Celador Angón.
  4. Carlos Lema Añón.
  5. Eusebio Fernández García.
  6. María del Carmen Barranco Avilés.
  7. Ángel Llamas Cascón.
  8. Rafael de Asís Roig.
  9. José Manuel Rodríguez Uribes.
  10. Silvina Ribotta.
  11. Oscar Pérez de la Fuente.
  12. Javier Dorado Porras.
  13. Patricia Cuenca Gómez.
  14. María Eugenia Rodríguez Palop.

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