II.

Pautas a seguir en supuestos de segregación escolar de niños con diversidad funcional

Por ser el derecho a la educación un derecho constitucional fundamental, su protección judicial goza de ciertas ventajas, que deben ser aprovechadas para que los niños segregados no deban esperar años a que sus derechos sean realmente amparados.

La tardanza en el amparo efectivo a los derechos del niño malograría el resultado perseguido, aunque se le amparase efectivamente al final, ya que los actos segregadores de la Administración educativa (Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas) son ejecutivos (es decir, aplicables) desde que se dictan.

Además, en no pocos casos, ante la fundada negativa de los padres a escolarizar a un niño en un centro segregado de educación especial, la Administración amenaza a esos padres con denunciarlos ante la Fiscalía de menores, para presionarlos con la hipotética privación de la patria potestad. Se trata de una amenaza no creíble, puesto que no hay desasistencia o abandono del niño, sino una lucha por sus derechos fundamentales y humanos. Sin embargo, se intenta así amedrentar a los padres para que no exijan que sus hijos gocen de sus derechos humanos plenos.

Al segregar a un niño con diversidad funcional del colegio libremente elegido por sus padres (sea este privado (2), concertado o público) en el entorno vecinal que le corresponde, se castiga doblemente al niño y a su familia. Los centros segregados de educación especial suelen estar muy alejados del hogar familiar y no facilitan la inclusión social ni educativa. De manera que muchos niños segregados se ven, además, condenados a sufrir largas jornadas de transporte –singularmente en los pueblos, villas y pequeñas ciudades-, o a ser internados en los centros segregados, privándoles así de su derecho a crecer en la familia.

(2) En el caso de centros privados puede interponerse denuncia ante la Administración educativa, para que ejerza sus funciones de policía administrativa, o demanda ante la Jurisdicción Civil, o querella ante la Jurisdicción Penal. Ver p.e.:
Artículo 512 (Código Penal)
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.

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