¿Que pueden hacer los juristas? (jueces – fiscales- abogados – Profesores universitarios)

Antes de responder a esta pregunta hay que caer en la cuenta de algo que, quizás por ser evidente, pasa inadvertido.
Entre los Juristas pueden distinguirse DOS GRANDES TRIBUS que, en términos simples y extremos podemos describir como:

TRIBU A (En decrecimiento)

A la que pertenecen

  • Los que se hacen preguntas sobre la justicia de las leyes
  • Los que hacen labor de interpretación de las normas.
  • Los que comparan éstas con la Constitución y el Derecho Comunitario
  • Los que tienen presentes los ideales de la Justicia.
  • A los que les importa el sufrimiento de los justiciables

TRIBU B (En crecimiento)

A la que pertenecen

  • Los no que se hacen preguntas sobre la justicia de las leyes
  • Los que no hacen labor de interpretación de las normas.
  • Los que no comparan éstas con la Constitución y el Derecho Comunitario
  • Los que no tienen presentes los ideales de la Justicia.
  • A los que no les importa el sufrimiento de los justiciables

Hasta aquí no hay ningún problema.
Yo me siento mucho más identificado con la TRIBU A que con la TRIBU B pero ésta me parece una opción legítima que yo respeto.
En cambio, tengo la impresión de que a los que nos adscribimos a la cada vez más reducida TRIBU A, se nos quiere negar la condición de “juristas”, algunos nos la niegan sin contemplaciones diciendo que hacemos “filosofía”, “literatura” o vendemos “moralina detestable”.
Y yo pregunto:

¿Invocar la Constitución es filosofía?

¿Reivindicar la Justicia es inapropiado?

¿Denunciar el Abuso del Derecho es impertinente?

Lo curioso y, por otro lado, totalmente lógico es comprobar que el ciudadano medio, el ciudadano de la calle sí nos entiende y nos reconoce como “juristas”

Estoy preocupado por esta deriva.
Voy a relatar a continuación tres hechos o sucesos que me dieron mucho que pensar:

Hecho 1

En el año 2004 estuve en Uruguay. El viaje, entre otras actividades, conllevaba el impartir conferencias en distintas Universidades.

En una de ellas hablé, como siempre, de la Constitución Española de 1978.
Al terminar el catedrático que me había presentado y que se disponía a moderar el coloquio manifestó:

“El Fiscal español nos acaba de recordar que nosotros también tenemos una Constitución”

¡Me quedé perplejo!
Me preguntaba: ¿Cómo es posible que pueda ocurrir esto? ¿Cómo es posible que se pueda olvidar que se tiene una Constitución?

¿Qué pasó? Es como si el mejor cuadro que presidió durante años el salón de la casa, un día (o una noche) alguien lo subió al trastero y allí cayó en el olvido.

Hecho 2

En el año 2011 estuve en Argentina.
Mi cometido era apoyar la recién aprobada Ley de Salud Mental frente al intenso debate generado por este acontecimiento.
A mi me tocaba combatir las objeciones “jurídicas” realizadas por un influyente sector de la Universidad, capitaneado por un venerable catedrático de Derecho Civil.
Programaron nuestra intervención conjunta en un Congreso de amplia convocatoria y unas horas antes nos buscamos y tuvimos ocasión de hablar.
Conocía las objeciones realizadas a la Ley por este apreciado catedrático pues las había publicado. Eran exactas, verdaderas, precisas y coherentes, si bien ninguna afectaba a la esencia de la Ley, sino a aspectos meramente formales de coordinación con la legislación de algunos Estados Federales.
Después de saludarnos cortésmente le dije a quien debía ser mi contrincante:
Conozco sus objeciones a la Ley, estoy de acuerdo con ellas pero ¿ESTA LEY NO LE PARECE JUSTA?
El viejo y sabio catedrático quedó confundido, casi aturdido, se repuso un poco, meditó sobre la pregunta y respondió. SÍ, ME PARECE JUSTA.
Entonces le dije, tenemos que apoyarla.
Y para mi sorpresa, el Docto Catedrático, formado en las más rigurosas esencias del positivismo jurídico, en la intervención conjunta de la tarde suavizó enormemente sus objeciones y casi pareció que defendía la Ley para estupor de un grupo de profesores que ocupaban la primera fila del enorme salón de actos y para mi regocijo.

El Hecho 1 y el Hecho 2 tienen algo en común ¡El asombro!
La mención de la Constitución produjo asombro.
La apelación a la Justicia produjo perplejidad y reflexión.

¿Nos puede estar pasando a nosotros algo similar?

Creo que si. El convencimiento me vino con el siguiente hecho

Hecho 3

Después de 20 años dando clase en la Escuela de Práctica Jurídica de Córdoba a sucesivas promociones de licenciados en Derecho que querían encaminar sus pasos por el ejercicio de la Abogacía, estaba empezando a notar que aquella pasión por los ideales de justicia que empapaban a las primeras promociones con quien me encontré, empezaban a decaer.

Un día hice en clase la siguiente pregunta:

¿Esta ley os parece justa?

Y un alumno respondió con toda naturalidad:

¿Qué más da? Es legal.

No critico en absoluto la respuesta ni mucho menos al alumno. Me parece una respuesta aceptable pero, desde luego, no es mi respuesta. No es de mi Tribu.

Durante los 20 años que impartí clases en la citada Escuela siempre dije a mis alumnos que yo no podría haber ejercido un solo minuto mi profesión de Fiscal si no existiese el Art. 3 del Código Civil, el que establece los criterios “legales” de interpretación de las leyes y que dispone:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El estudio del contexto legislativo con sus normas sobre preferencia de aplicación de las normas, el conocimiento de los precedentes históricos, el análisis sociológico y la atención a los principios y fundamentos del Derecho, es ineludible para la labor del jurista. No basta leer los artículos.

Pues bien todo este discurso (histórico, sociológico, filosófico), no es “metajurídico”, sino netamente jurídico y los que lo cultivan no son “metajuristas”, sino juristas verdaderos, pues sin estos criterios el jurista queda ciego, manco y mudo algo, por otra parte, muy atractivo para determinados sectores.

Aún, si como algunos sostienen y practican, hay que atenerse a la “letra de la ley”, hay que decir que la letra de la ley contiene estos conceptos que dan “luz” al Derecho

Así, el Art. 1 de la Constitución proclama:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

El Art 3 -2 del Código Civil

La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita.

El Art. 7 del Código Civil

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.

2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo

A estos preceptos hay que añadir el Art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Art. 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, etc…

Está claro que los textos legales fundamentales contienen alusiones “literales” a la justicia, la equidad, la buena fe, así como la preeminencia y prevalencia de éstos sobre la legislación de rango menor, en caso de contradicción de ésta con aquélla.

Ocurre que los “lobbys” rara vez inciden en la legislación de mayor rango (excepción hecha de la reforma del Art. 135 de la Constitución) pues ello resultaría demasiado llamativo.
Gustan, en cambio, conseguir de las Autoridades y Gobernantes, Decretos, Órdenes Ministeriales, incluso meras Circulares, escritas bajo su dictado muy favorecedoras de sus intereses.
Si alguno de los perjudicados (caso infrecuente) es capaz de acudir a los Tribunales demandando tutela, lo normal es que los Jueces, una vez que se exhibe e invoca esta legislación menor, la apliquen sin contemplaciones cuando, si elevasen los ojos hacia la legislación fundamental, advertirían que es contraria a ésta.
Conocida es la frase atribuida al Conde Romanones: Haced vosotros las leyes y dejadme a mi los reglamentos

Los “lobbys” no quieren que el Juez levante los ojos y mire por encima de la legislación que se le presenta. Inmediatamente tachan esta conducta de “arbitraria”. Sin embargo no solo no lo es, sino que nuestro ordenamiento jurídico no contempla al Juez como alguien que tiene que aceptar acríticamente la legislación que se le invoca, sino que tiene el deber de comprobar su vigencia y su sumisión a la Constitución y a los textos de Derecho Comunitario de mayor rango.
En caso de contradicción, el ordenamiento ofrece al Juez mecanismos de corrección.

Esto nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas:

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