Asociación SOLCOM, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social.
SOLCOM no es asistencial, sino una organización que aspira a que los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y sus familias se hagan cumplir mediante el recurso a los Tribunales de Justicia.
En España hay muchas leyes y reglamentos para proteger a estas personas, la mayoría de las cuales no se llegan a cumplir.
No queremos benevolencia. Exigimos nuestros Derechos Humanos como ciudadanos de un estado europeo y de derecho.
Promover el respeto de los derechos de las personas con diversidad funcional.
Supervisar y verificar el estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ofrecer asesoramiento y apoyo para garantizar la no discriminación de las personas con diversidad funcional.
Estimular la independencia como individuos de estas personas.
Fomentar y controlar la correcta asignación de recursos públicos desde una perspectiva de prevalencia social.
SOLCOM es una asociación de ámbito estatal, con personalidad jurídica única, articulando su funcionamiento mediante las oportunas delegaciones municipales y autonómicas.
SOLCOM se financia con las cuotas de sus socios, y por las donaciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal de cualquier persona o entidad.
No obstante, SOLCOM renuncia estatutariamente a la percepción de subvenciones procedentes de las administraciones públicas estatal, autonómica y local.
La bandera hace referencia a la esperanza (verde) en el futuro (amarillo), para que se respeten los derechos de los ciudadanos con diversidad, al menos como en el ámbito escandinavo.
El himno hace referencia a la alegría de ese futuro y a la solidaridad dentro de la comunidad.
SOLCOM se financia únicamente a través de las cuotas de sus socios, renunciando estatutariamente a la solicitud y percepción de subvenciones procedentes de las administraciones públicas.
SOLCOM reclama tu ayuda porque combatir la discriminación y la exclusión social en los tribunales de justicia conlleva esfuerzos y recursos ineludibles.
