Sentencia incongruente del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental a la educacion inclusiva

Mientras defiende la educación inclusiva como un derecho fundamental y la escolarización en un centro ordinario, sentencia segregar a un niño en un centro de educación especial

El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia de 27 de enero de 2014, se ha pronunciado por primera vez sobre el derecho a la educación inclusiva. La sentencia del TC, defiende el principio general de que la educación debe ser inclusiva, es decir, se debe promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria. Y que la Administración está obligada a proporcionar los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad. Añade la sentencia que la Administración educativa debe tender a la educación inclusiva de las personas discapacitadas y tan sólo cuando los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables, podrá disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial. En el último supuesto, la Administración deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción, es decir, porqué ha acordado la escolarización del alumno en un centro de educación especial por ser inviable la educación del alumno en un centro ordinario.

En el caso concreto de Daniel, la sentencia del Tribunal Constitucional, considera que la Administración exteriorizó esas razones y señala como argumento que ello se infiere con naturalidad de la escolarización del alumno en un centro de educación especial. Para ello el TC, se remite a los informes de carácter psicopedagógico que había recomendado la escolarización de Daniel en un centro de educación especial.

Pero el fallo de la sentencia no ha sido unánime. Dos Magistrados han discrepado de la misma, señalando que la opción pretendida desde el inicio por los padres del menor, esto es la escolarización en un centro ordinario del menor con los apoyos necesarios, ha sido ignorada por la Administración Educativa. El voto particular de dichos Magistrados, discrepa sobre todo en un aspecto fundamental de la sentencia, que consideró que la Administración había justificado el porqué tenía que ser escolarizado Daniel en un centro especial y no ordinario, y afirman que ni la Administración, ni los Técnicos que informaron sobre el menor, han explicitado porqué los ajustes que debía realizar para proporcionar al menor la educación inclusiva a la que, en principio, tiene derecho, no son razonables o suponen un carga desproporcionada o no serían suficientes para la inclusión del menor.

La valoración que hace SOLCOM de la sentencia es que si bien recoge los principios esenciales del derecho a la educación inclusiva y que han de interpretarse conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el caso de Daniel no ha sido congruente con esos principios, como se pone de manifiesto por el voto particular de los dos Magistrados discrepantes. SOLCOM entiende que en el caso de Daniel se vulneraron sus derechos fundamentales, que la Administración actuó sin justificar su decisión. Y recogiendo la decisión de los padres de Daniel, SOLCOM apoyará hasta el final la lucha de los mismos y en tal sentido, se interpondrá recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los padres de Daniel, Azucena y José Alberto quieren manifestar que

Ayer fue un día triste para nosotros, mi hijo, no es el niño autista, mi hijo es un NIÑO, y tiene autismo, un niño con nombre, SE LLAMA DANIEL. Un país en el que nos creíamos protegidos, nos ha dejado indefensos, no somos ciudadanos de primera… tenemos que conformarnos con lo que nos den, somos “los diferentes”. Los padres que no tenemos DERECHO a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, ya que lo dice la convención de los Derechos Humanos, los niños españoles que no tienen reconocido su Derecho a la Educación Inclusiva porque “somos diferentes”… en el Estado Español… vamos a ir a GRITARLO al Tribunal de Estrasburgo. Pensamos que allí las Convenciones se firman y se ratifican por algo, y es por ello, aunque las fuerzas flaquean, que vamos a seguir hasta el final. Daniel tiene sus Derechos, los mismos que cualquier otro niño o niña.

La educación inclusiva nos ha dicho el Tribunal Constitucional que es un derecho fundamental. Pues bien, como derecho fundamental no puede estar sujeto a las interpretaciones o decisiones administrativas, a unos informes psicopedagógicos que no están en línea con la Convención y en todo caso, ha de garantizarse el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos.

Madrid, 10 de febrero de 2014

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