Tras una investigación sin precedentes en nuestro país, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha publicado este 29 de mayo un Informe de Conclusiones. Los expertos de la ONU, instados por las denuncias de violaciones de los derechos humanos que SOLCOM presentó en 2014 ante el Comité, descubrieron que España ha contribuido a un sistema discriminatorio que utiliza la ley y la burocracia para mantener dos modelos educativos y desviar a los estudiantes con diversidad funcional fuera de la corriente general de educación.

No se trata de casos aislados o hechos anecdóticos. El Comité ha investigado los informes presentados por SOLCOM y ha enviado dos representantes a nuestro país, donde se reunieron con más de 165 personas. Recabaron información y verificaron las denuncias y testimonios de personas afectadas por los casos de discriminación de niñas y niños en las escuelas de, al menos, seis comunidades autónomas, confirmando pautas generalizadas de violaciones graves de su derecho a la educación.

Según el informe de la ONU, las personas con diversidad funcional son segregadas en un sistema de educación paralelo establecido mediante centros de educación especial o aulas especiales dentro de las escuelas, de tal forma que, una vez excluidas del sistema educativo general, permanecerán invisibles y al margen de sus pares, extirpándoles de la experiencia común propia de la edad, identificándolas desde sus primeros años de vida como personas menos válidas o menos capaces, es decir devaluando sus vidas y degradando su humanidad.

La asociación SOLCOM viene denunciando la incongruencia de los textos legales y los discursos oficiales con la realidad que experimentan los alumnos que son discapacitados en las escuelas, donde los conflictos suelen acabar con niños estigmatizados, familias dañadas y, a menudo, han de sustanciarse en los tribunales. La falta de voluntad política y el abuso de poder desde algunas administraciones hacen que la inclusión y el respeto a los derechos humanos sea una misión imposible, solo explicable desde una postura de racismo institucional que España debe zanjar sin demora, señala Carmen Morales, presidenta de la asociación.

Desde la entidad, se insta al nuevo gobierno, a tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las niñas y niños, de los estudiantes, con diversidad funcional en todo el estado, a iniciar el desmantelamiento paulatino de los itinerarios especiales, donde comienza el camino de la exclusión que les expulsa a unas condiciones de vida anómalas y desventajosas. SOLCOM coincide con la propuesta del Comité, urgiendo al Estado a establecer un plan de acción en colaboración con las organizaciones que representan a las personas con diversidad funcional para eliminar la educación segregada de la legislación educativa, tanto a través de unidades en las escuelas comunes como de los llamados centros de educación especial, que se establezcan protocolos que impidan rechazar a cualquier estudiante con diversidad funcional y que se dispongan recursos y mecanismos de supervisión para asegurar que todas las comunidades facilitan que las niñas y niños diversos realicen sus derechos.

Estamos muy preocupados por esta situación, y por el efecto alentador que tienen los casos de segregación y discriminación en el sostenimiento de actitudes, políticas e industrias de la discapacidad que impiden los derechos humanos y acaban afectando a la sociedad española en su conjunto. Por eso celebramos que el Comité de derechos humanos ponga en foco en este asunto y que este informe sirva para que a partir de hoy las instituciones públicas y las organizaciones del sector hagan bien sus deberes hacia las personas diversas y se tomen en serio sus derechos, señala Morales.

SOLCOM reitera su compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados en el informe de la ONU, y en la realización de las recomendaciones del mismo, que deben ser tomadas con un espíritu constructivo y de cooperación. Está a disposición de las administraciones del Estado y del nuevo Ministro de Educación, para colaborar en dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas concernidas. Reitera su agradecimiento a las familias y colaboradores de la asociación que han podido reunirse con la delegación y presentar testimonios, denuncias y comunicaciones, haciendo posible una labor tan importante. Y valora y agradece el trabajo realizado por la Comisión atendiendo a un clamor durante tanto tiempo sofocado y que precisaba hacerse público.

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