SOLCOM traslada al Defensor del Pueblo la preocupante situación de retroceso del sistema educativo español, conforme se acredita en el último informe del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
El pasado día 3 de octubre, la Directiva de SOLCOM, se reunía con Teresa Siso García, directora del Área de Educación, Cultura y Empleo, y Ana Espinosa Díaz, Técnica del Área de Educación, Cultura y Empleo como representantes del Defensor del Pueblo. Se le trasladaron las conclusiones del último informe del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y expuso la necesidad de adoptar las necesarias vías de solución, en las que el Defensor tiene acciones relevantes que realizar dentro de sus competencias, como se le indica en el citado informe.
La principal solicitud de nuestra asociación es que, desde la institución, se inste al Gobierno de España para que cumpla con la Convención, con los dictámenes del Comité y las recomendaciones que nos hace en su Informe. Así mismo se solicitó al Defensor que actuase para impulsar el cumplimiento de la disposición adicional 4ª de la LOMLOE, que, hace ya cuatro años, estableció un periodo de 10 años para poner en marcha un Plan de Educación que garantizase el cambio a una verdadera escuela inclusiva y a día de hoy no se ha empezado a realizar ninguna acción al respecto.
EL pasado 22 de abril, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo público un Informe (C/ESP/FUIR/1) sobre el seguimiento a la Investigación sobre España realizada en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Es el segundo Informe de esta naturaleza (el primero fue en 2018) y ambos ofrecen una radiografía significativa sobre la situación de la implementación en España del derecho a la educación inclusiva que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece en su artículo 24 para todo el alumnado, con y sin discapacidad. Dicha radiografía concluye que, fruto de la investigación realizada por el Comité, en España se vulnera grave y sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva; constatándose un claro estancamiento e incluso retroceso en el proceso de consolidación y efectividad de la educación inclusiva desde el 2018. Por ello, el Comité cuestiona el compromiso, en todos los niveles del Estado, hacia una educación inclusiva y de calidad en el sistema educativo ordinario, ya que, como recalca, esa situación se da cuando han pasado ya 16 años desde la entrada en vigor de la Convención en España.
A este respecto informamos también desde SOLCOM al Defensor del Pueblo de la jornada realizada el pasado 6 de septiembre, “Informe sobre la Educación Inclusiva en España. ¿Y ahora, qué hacer?” que contó con la inestimable intervención de Dª Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité, y D. Jorge Araya, secretario del mismo, además de importantes analistas comprometidos con la escuela inclusiva y que abordaron la grave situación de retroceso que el sistema educativo español está sufriendo en relación con los derechos del alumnado con diversidad funcional. Jornada que puede visionarse a continuación.
Los representantes de la institución manifestaron su intención de instar a las distintas autoridades del Estado parte al cumplimiento de la Convención y a evaluar la implementación de las recomendaciones del informe del Comité, en los próximos informes anuales del Defensor del Pueblo.
Desde la directiva de SOLCOM, y aun cuando no fuese el propio Defensor del Pueblo, como se había solicitado, quien estuviera en la reunión, valoramos muy positivamente que nos atendieran tan insignes representantes de la misma, así como la actitud dialogante y altamente positiva que mostraron en todo momento durante la reunión. Entendemos que se ha abierto una vía de comunicación directa con esta institución, quien, entre otras cosas, demandó más información, que será debidamente detallada y entregada por parte de SOLCOM.
