La Fiscalía General del Estado ha absuelto a los padres de Rubén, un menor leonés con síndrome de Down, de un delito de abandono por negarse a llevar a su hijo a un centro de educación especial y exigir continuar en un colegio que pudiera garantizarle una educación inclusiva.
Los padres del joven de 16 años llevan más de cuatro años batallando en los juzgados para conseguir que Rubén pueda optar a una educación inclusiva, un derecho fundamental
. Nunca se debería haber puesto esa denuncia, y el resultado final demuestra que no somos padres antisistema ni criminales
ha explicado la portavoz de SOLCOM, Mar Álvarez.
Para Miguel Ángel González Castañón, técnico de Educación y psicólogo de Rubén, la sentencia absuelve pero no resuelve
. Los padres de Rubén quedaron libres de culpa del delito de abandono, pero Rubén sigue sin colegio cuando está a punto de cumplir los 16 años
.
El letrado de Solcom, Juan Rodríguez Zapatero, subrayó que la sentencia demuestra que existe una insuficiente efectividad y garantía del derecho a la educación inclusiva
. La denuncia nunca debió producirse porque Rubén no sólo fue discriminado en el ejercicio del derecho y fue objeto de malos tratos físicos y morales ante los que no actuó la fiscalía
.
Para Alejandro Calleja, el padre de Rubén, la sentencia es satisfactoria
y avala su larga lucha por la inclusión educativa protegiendo y defendiendo al menor
, y espera que la dirección provincial de Educación responda a su solicitud para que Rubén pueda ser escolarizado el curso que viene.
¿Y ahora que pasa con Rubén? Le preguntamos a la Administracion. Desde SOLCOM pedimos a la Consejería de Educación que Rubén vuelva a su Colegio, del que nunca le tenía que haber echado, y esperamos que ningún niño ni ninguna familia tenga que soportar todo lo que han padecido los padres de Rubén. Que a ningún padre se le vuelva a tratar como un criminal y sentarle en el banquillo por defender el Derecho de la Educacion Inclusiva.
En SOLCOM vemos esta sentencia como un paso muy importante y creemos que puede ayudar a que el derecho a una educación inclusiva pueda garantizarse y que beneficie a otros casos similares que se encuentran en estos momentos en los juzgados.
