El Tribunal Supremo español condena a la Generalitat valenciana por no disponer los medios precisos para garantizar sus derechos (personal especializado, ratio profesor/alumnos, adaptación curricular personalizada, …).
SOLCOM defiende muchos casos idénticos a este en toda España. Lamentamos que el Ministerio Fiscal no se hubiese posicionado del lado de los derechos de los niños y sí del lado de la Administración educativa valenciana.
Por fortuna, el Tribunal Supremo ha amparado los derechos de los niños con diversidad funcional, en línea con lo reconocido por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (suscrita por España), y conforme a lo defendido a ultranza por SOLCOM.
La educación inclusiva y de calidad no es una limosna. Es un derecho humano fundamental de nuestros niños. No cejaremos en su defensa.
