Como entidad que defiende los derechos de las personas discriminadas por su diversidad funcional y veladora de la Convención de Naciones Unidas, entendemos que esta campaña vulnera la convención, la observación general del artículo 24 además del informe emitido en 2018. Este Informe es claro y contundente posicionándose en contra de la segregación de los niños y niñas con diversidad funcional, obligando al Estado español a hacer cambios para alcanzar una educación inclusiva. Esta campaña vuelve a presentar un estereotipo basado en un modelo médico/rehabilitador anclado en el pasado que presenta alumnos como diferentes y apartados del resto. Es inadmisible que en el siglo XXI se pueda difundir una campaña institucional que vulnera lo firmado y pactado en la convención de los derechos de las personas con diversidad funcional, que exigimos su retirada sumandonos a la petición iniciada por ‘Una escuela extraordinaria’.

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